Pocos días antes de las elecciones circulaban rumores que mencionaban a distintos operadores políticos, que en las barriadas, prometían dádivas si los votantes entregaban momentáneamente sus credenciales, las que les serían devueltas el domingo, cuando fueran a votar. Verificamos personalmente que, efectivamente, eso estaba ocurriendo. La promesa de “pagar” 500 pesos por voto se generalizó y el tema cobró tanta notoriedad que es imposible ignorarlo. Lo cierto es que, con la compra del voto se condena a los votantes honestos a perder la posibilidad de elegir la opción que entiendan más conveniente para tener el gobierno de su preferencia.

De esta forma, al ciudadano le proponen que venda su derecho constitucional. La consecuencia, es que sea otro, el que tiene el recurso, el que se auto elija. Y con ello, naturalmente, se profundizan las desigualdades sociales.

En Colombia es delito

En otros países, como Colombia, la compra y venta de votos es castigada por la ley. El artículo 387 de la Ley 1864 de 2017 presenta esta transacción económica-política como un delito de «constreñimiento al sufragante, el cual tiene un castigo de entre cuatro a nueve años de prisión y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Vender el voto

La democracia se caracteriza por la libertad que tiene una persona a elegir. Lo que hace el sufragante es escuchar las propuestas, participar en el debate y realizar acuerdos basado en sus deseos, necesidades e intereses. Considera muchos aspectos y finalmente elige y entrega su voto. Pero está situación desaparece para toda aquella persona que decide vender el voto, pues al recibir el dinero se suprime la posibilidad de pensar, discutir y elegir la mejor propuesta a su criterio. Lo que ocurrió el pasado fin de semana en distintos barrios de la ciudad de Salto fue verdaderamente lamentable.

Mercenarios de la política

Mercenarios de la política recurrieron a estrategias deleznables, como la de quitar momentáneamente la credencial cívica para asegurarse de llevar a los votantes a las urnas, perdiendo el ciudadano hasta la libertad de desplazamiento.Con esta modalidad, se está construyendo una cultura política del fraude, de la compra y venta ilegal de votos. Lo cual representa un daño en la calidad del sistema político. Destruye los valores y vínculos duraderos del político con el elector. Quebranta las prácticas, procesos y reglas de la toma de decisiones colectivas.

Preferencias reales o ventajas materiales

Refiriéndose al tema que analizamos, Yan Basset, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario, ha dicho que lo más grave de esta práctica es que afecta la democracia al ir en contra de la sinceridad y la integridad del voto. “Cuando esto sucede (la compra de votos) los ciudadanos no terminan dando su voto por las preferencias reales que tengan sino por las ventajas materiales que pueden obtener.

"... olor a podrido"

A su vez, sobre el particular, el profesor Germán Valencia, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia en Colombia, ha dicho que “La idea con la defensa de la democracia es que la ciudadanía valore y ame el sistema que usan y defienden. El constreñimiento al sufragante es un símbolo de pudrición, genera en nosotros mismos una sensación de olor a podrido, de que algo no funciona bien.” Y efectivamente, algo no funciona bien, si estas prácticas se terminan aceptando como algo normal.