La Justicia de la ciudad de Concordia dispuso este martes medidas de restricción de acercamiento contra el intendente Francisco Azcué (Juntos), a raíz de una denuncia presentada por la concejal justicialista Claudia Villalba, quien lo acusó por ejercicio de violencia de género durante un episodio ocurrido el pasado sábado en un acto público. La resolución fue adoptada por el juez Civil y Comercial Nº 1 de Concordia, Julio César Marcogiuseppe, y tiene vigencia desde este martes 13 de enero de 2026. Entre las medidas dispuestas se encuentra la prohibición de actos molestos y/o perturbadores, con el objetivo de evitar nuevos conflictos entre las partes.

El contexto: despidos y tensión política

El conflicto se originó en un contexto de fuerte tensión política y social. En los primeros días de 2026, la administración municipal encabezada por Azcué resolvió dar de baja más de 130 contratos de empleados municipales. Según explicó el gobierno local, la decisión se tomó “en el marco de un proceso de ordenamiento y eficiencia del Estado municipal”.

Desde la Intendencia argumentaron que muchos de esos contratos presentaban irregularidades, como falta de funciones asignadas, contrataciones realizadas sin necesidad operativa y altas firmadas a último momento durante la gestión anterior. “Estamos cuidando los recursos de los vecinos”, sostuvo Azcué, quien además denunció que en 2023 se produjo un “festival de contratos” con más de 900 incorporaciones entre pases a planta y contratos administrativos.

El cruce público en la Maratón de Reyes

El sábado, durante el desarrollo del Maratón Internacional de Reyes, la concejal Villalba intentó dialogar públicamente con el intendente para pedir explicaciones por los contratos caídos. Según consta en la denuncia y en registros audiovisuales, el intercambio fue subiendo de tono y derivó en insultos cruzados. Azcué acusó a la edil y a la gestión anterior de “defraudar a los concordienses”, mientras que Villalba rechazó esas afirmaciones y cuestionó la gestión actual. El episodio ocurrió ante la presencia de público y personal de seguridad.

La denuncia y el rol de la seguridad

La abogada de Villalba, María de los Ángeles Petit, explicó que la concejal había intentado previamente comunicarse con el intendente para solicitar una audiencia formal, sin obtener respuesta. Según la letrada, cuando Villalba logró acercarse a Azcué en el evento, intervino el personal de seguridad, produciéndose empujones y agresiones físicas.

La concejal sufrió arañazos, marcas en los brazos y golpes en la espalda, lesiones que fueron constatadas por el médico policial. A raíz de ello, se realizaron dos denuncias: una penal por lesiones contra integrantes del equipo de seguridad y una denuncia civil contra el intendente por violencia de género, encuadrada como violencia simbólica, verbal e ideológica.

Medidas judiciales y antecedentes

Como resultado de la denuncia penal, la jueza de Garantías en turno de feria, Delfina Geist, dictó medidas de protección contra dos personas vinculadas al entorno del intendente. En paralelo, el juez Marcogiuseppe resolvió avanzar con medidas de restricción hacia Azcué, cuya situación ahora es evaluada en el ámbito civil.

La defensa de Villalba sostiene que el intendente es reincidente, ya que anteriormente había sido denunciado por violencia de género institucional, causa en la que se le impusieron medidas de protección.

Un caso que sigue en análisis

El episodio generó fuerte repercusión política y social en Concordia y reavivó el debate sobre los límites del poder, el trato institucional y la violencia en el ámbito público. La causa continúa en estudio por parte de la Justicia.

Fuente: De la Redacción de Entre Ríos Ahora