La última sesión del gobierno departamental anterior del Frente Amplio en Salto dejó una decisión que sigue generando ruido: la recategorización de 400 hectáreas de suelo rural a urbano. Aprobada por amplia mayoría en la Junta Departamental, con la excepción de un solo edil que no votó, esta medida ha desatado una fuerte polémica en redes sociales, medios locales y referentes políticos.

El cambio de categoría no es menor. Implica que terrenos que antes no contaban con servicios básicos ni estaban previstos para urbanización, ahora pueden ser loteados, vendidos y desarrollados como zonas residenciales. Pero, ¿quién se beneficia realmente de esta decisión? ¿Y quién asume los costos?

 Aramburo prende la mecha

El ex edil del Frente Amplio, Carlos Aramburo, fue uno de los primeros en cuestionar públicamente la medida. En su perfil de Facebook lanzó una denuncia directa: “¿Sabés quién va a pagar el GRAN NEGOCIO de tres empresarios salteños que compraron el 80% de los terrenos recategorizados por la Junta y la Intendencia? Los compraron por $10 y hoy se venden a $200. Usted que paga patente, usted que paga contribución, usted que le cobran cada tributo... va a financiar los servicios para hacer habitable una zona que no estaba prevista.”
Aramburo acusa que esta recategorización responde a intereses privados, y que los costos de urbanizar ,llevar luz, agua, calles, alumbrado, recaerán sobre el contribuyente común. “Cuando los políticos priorizan el negocio de quienes les financian las campañas, pasa esto: todo el peso sobre el contribuyente”, escribió.

 La respuesta de Merino Roig

Francisco Merino Roig, suplente de diputado por el Partido Colorado, no tardó en responder. En una serie de comentarios, defendió la medida como una oportunidad para dinamizar la economía local: “La Intendencia va a percibir millones de pesos en contribución que hoy no recibe. Además, se genera riqueza: supermercados, barracas, jardinerías, construcciones, puestos de empleo… Salto necesita eso.”

Merino comparó la situación con Paysandú, donde la habilitación de más terrenos ha bajado los precios y reducido los asentamientos. Para él, criticar a los empresarios que invierten en Salto es un error: “Deberíamos agradecerles que muevan la ciudad y la empujen para arriba.”

También cuestionó a quienes, según él, “nunca generaron riqueza” y se oponen por ideología. “No entremos en teorías conspiranoides. Que arriesguen capital, que paguen sueldos, y luego lo discutan.”

 ¿Desarrollo o especulación?

La discusión no es solo política, sino técnica y ética. Aramburo insiste en que el crecimiento urbano debe seguir el Plan Director, que prevé cómo y dónde expandir la ciudad. Alterar esas reglas, dice, favorece la especulación y rompe el equilibrio urbano.

Merino, por su parte, asegura que los servicios básicos serán financiados por los propios desarrolladores, y que la Intendencia no pierde, sino que gana.

Pero la pregunta sigue en el aire: ¿se está priorizando el interés público o el negocio de unos pocos? ¿Es justo que doña Juana, que paga su contribución cada año, financie indirectamente un proyecto que no fue planificado ni consensuado?

 Lo que está en juego

Más allá de los nombres propios, lo que está en juego es el modelo de ciudad que queremos. ¿Una Salto que crece ordenadamente, con planificación y equidad? ¿O una Salto que se expande según los intereses de quienes tienen poder económico y político?

La polémica está servida. Y como dijo Aramburo: “No es que me la agarre con alguien. Es que no comparto que se alteren las reglas de juego en beneficio de dos o tres, y que encima nos hagan asumir los costos.”