Un pedido de acceso a la información pública presentado en el año  2025 reveló miles de jornales pagos por actividad sindical. Los números vuelven a poner sobre la mesa una discusión histórica: si estas licencias cumplen su función gremial o si terminan siendo parte de una carrera dentro de la administración municipal, percibiendo  salario sin cumplir funciones laborales.

Un pedido de información pública que reabre el debate

La solicitud fue realizada al amparo de la Ley Nº 18.381 sobre derecho de acceso a la información pública. En ella se solicitó información detallada sobre el otorgamiento y el uso de licencias y horas sindicales concedidas al gremio ADEOMS durante los últimos diez años.
Entre los puntos planteados en el pedido se solicitó conocer la cantidad total de horas sindicales otorgadas por año, el fundamento jurídico que habilita estas licencias, la autoridad dentro de la Intendencia que autoriza su uso y los convenios colectivos que respaldan estas decisiones administrativas. También se solicitó información específica sobre dirigentes sindicales que utilizaron estas licencias, particularmente sobre Juan Carlos Gómez y Ángelo Mario Martínez. El pedido incluyó el detalle anual de las horas utilizadas, las resoluciones que autorizaron esas licencias y los grados funcionales en los que se encontraban estos funcionarios en el año 2015 y en la actualidad.

La respuesta oficial y el volumen de licencias, veintidós mil novecientas noventa y cuatro

El expediente administrativo determinó,  que  la Intendencia de Salto a presentar un detalle de los días de licencia gremial concedidos durante el período 2015-2025. Los números oficiales muestran que en ese período se autorizaron 22.994 (veintidós mil novecientos noventa y cuatro)  días de licencia sindical. Esto significa jornales pagos por la administración departamental durante los cuales los funcionarios beneficiarios no concurrieron a cumplir tareas habituales en sus lugares de trabajo para realizar tareas sindicales.

Un repaso año a año de las licencias otorgadas

El desglose anual refleja que el uso de estas licencias se mantuvo relativamente estable durante la última década.

En 2015 se registraron 1.926 días de licencia sindical.
En 2016 la cifra ascendió a 2.433 días.
En 2017 se contabilizaron 2.100 días.
En 2018 se autorizaron 2.282 días.
En 2019 fueron 2.090 días.
En 2020, año marcado por la pandemia, se registró una baja a 1.642 días.
En 2021 se otorgaron 1.613 días.
En 2022 la cifra volvió a subir a 1.978 días.
En 2023 alcanzó los 2.640 días.
En 2024 llegó al máximo con 2.734 días.
En 2025, hasta el mes de agosto, se habían registrado 1.156 días.

El promedio anual se ubica en torno a los 2.090 días de licencia sindical.

El costo económico estimado para las arcas municipales

Si se toma como referencia un salario promedio municipal cercano a los 65.000 pesos mensuales, y considerando aproximadamente 22 jornales laborales por mes, cada jornada tiene un valor cercano a los 2.950 pesos. Al aplicar ese cálculo a los 22.994 días de licencia registrados en el período analizado, el costo aproximado supera los 67 millones de pesos uruguayos. A este monto se deben sumar además otros componentes salariales que corresponden por ley, como el aguinaldo, el salario vacacional y las licencias reglamentarias. Si se suman estos conceptos, el impacto económico total es aún mayor para las arcas departamentales.

Dos de los referentes del sindicato en ese lapso cobraron catorce millones de pesos

Dentro de los datos aportados también aparecen cifras vinculadas a dirigentes sindicales que utilizaron estas licencias durante el período analizado. Según la información entregada, dos dirigentes del gremio ADEOMS acumularon una cantidad significativa de días de licencia sindical.
Juan Carlos Gómez Coronel registra 2.444 días de licencia gremial en el período analizado. Por su parte, Ángelo Mario Martínez Moreira acumula 2.524 días. En conjunto, ambos suman 4.968 días de licencia sindical en el mismo periodo de tiempo.
Si se aplica el mismo cálculo salarial, esos días representan aproximadamente 14 millones de pesos uruguayos en jornales pagados por la administración municipal.

Grados funcionales y evolución dentro de la administración

La información entregada como respuesta al pedido de acceso a la información  también indica la evolución funcional del presidente y el secretario del sindicato  dentro de la estructura municipal. En el año 2015, Juan Carlos Gómez se encontraba presupuestado en el  grado 6 , adecuado al grado 8, del escalafón municipal  técnico practico guardavidas. En la actualidad el funcionario continua presupuestado en el grado 6, adecuado al grado 9  por resolución 326/2021, por tareas realizadas en el mismo escalafón.  

En el caso de el sindicalista  Ángelo Mario Martínez, en el año 2015 se encontraba en el grado 7 . a partir de 1/07/2025  el funcionario fue ascendido por proceso de calificación al grado 8.Estos cambios de grado implican también modificaciones en la remuneración salarial dentro de la carrera funcional.

Información que en otros tiempos generaba investigaciones

En otras épocas, este tipo de respuestas oficiales solía ser analizado en ámbitos políticos e incluso en comisiones investigadoras, con el objetivo de determinar si las licencias sindicales otorgadas se utilizaban efectivamente para los fines solicitados, referente a los ascensos de grados es otro tema que deja varias interrogantes sobre todo aquellos trabajadores que concurren todos los días a trabajar sin obtener  grados en su carrera como trabajador.

Un debate que vuelve a instalarse

Más allá de que las licencias sindicales están previstas en convenios colectivos y normativa vigente, la difusión de estos datos vuelve a abrir una discusión que aparece periódicamente en el ámbito público. Para algunos sectores estas licencias son herramientas necesarias para garantizar la actividad sindical y la representación de los trabajadores. Para otros, en cambio, el volumen de jornadas otorgadas y el tiempo prolongado de algunos dirigentes fuera de sus puestos plantea interrogantes sobre los controles y sobre el destino final de recursos que, en definitiva, provienen de los contribuyentes.