El conflicto en el puerto de Montevideo volvió a poner sobre la mesa las tensiones internas del gobierno y abrió un debate que trasciende el ámbito sindical. Así lo planteó el empresario y docente Gustavo Fernández en una entrevista en el Streaming de Diario La Prensa, en donde analizó la actualidad política y económica del país.

El centro de la discusión está en la posibilidad de declarar la esencialidad de los servicios portuarios, una medida que enfrenta posiciones dentro del propio oficialismo. Por un lado, el secretario general de Presidencia, Alejandro Sánchez, ha advertido sobre la necesidad de evitar que la actividad quede paralizada. Por otro, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, mantiene una posición diferente frente a la eventual declaración de esencialidad.

Para Fernández, la discrepancia resulta llamativa dentro de la tradición política uruguaya, aunque considera comprensible la preocupación del Poder Ejecutivo. El puerto de Montevideo, sostuvo, es estratégico para la economía nacional: por allí sale buena parte de la producción exportadora, ingresan las importaciones y circulan también mercaderías destinadas a Paraguay y al norte argentino.

El puerto, una pieza clave para la economía

La situación adquiere mayor relevancia por las inversiones comprometidas en la terminal portuaria y por la participación de operadores internacionales. Fernández destacó la importancia de la inversión vinculada a TCP y al consorcio belga que participa en la concesión, actualmente en proceso de ampliación.

Al mismo tiempo, señaló que existen otros conflictos en el sector, particularmente entre operadores portuarios y compañías navieras. En ese contexto, la prolongación de las medidas sindicales genera incertidumbre sobre las operaciones y sobre el cumplimiento de los plazos de inversiones previstas.

Mencionó que el puerto acumulaba 33 días de paros. Para Fernández, mantener una infraestructura de esa importancia parcialmente paralizada representa un costo significativo para el país y constituye una situación que el gobierno no puede ignorar.

El problema, se suma a otras dificultades vinculadas con grandes proyectos de inversión y con los plazos comprometidos para su ejecución. La incertidumbre sobre esas fechas agrega presión a un escenario económico que ya presenta importantes desafíos.

Rendición de cuentas y un déficit que no encuentra salida

El análisis derivó luego hacia la Rendición de Cuentas y las dificultades fiscales que enfrenta Uruguay. Fernández sostuvo que el proyecto puede reunir los votos necesarios en el Parlamento, pero advirtió que el problema de fondo permanece: el gasto público continúa creciendo y el objetivo de reducir el déficit fiscal parece cada vez más difícil de alcanzar.

La preocupación es el peso de las transferencias destinadas al Banco de Previsión Social (BPS). Según los datos manejados durante la entrevista, aproximadamente siete puntos de los 21 puntos del IVA terminan destinados al organismo, mientras que la asistencia anual del Estado ronda los 1.300 millones de dólares.

Para Fernández, se trata de una dificultad estructural que no afecta únicamente a la administración actual. El próximo gobierno, independientemente de su signo político, también deberá enfrentarla.

Cuestionó que las soluciones adoptadas sean fundamentalmente graduales o de corto alcance. Las definió como una política “cosmética” y consideró que existe una tendencia a postergar decisiones difíciles.

El desafío de sostener la confianza de los mercados

En la oportunidad comparó la situación uruguaya con las medidas aplicadas por el gobierno de Javier Milei en Argentina, aunque descartó que un ajuste de esa magnitud pudiera trasladarse directamente a Uruguay. A su entender, una reducción drástica del déficit en un período muy breve provocaría una fuerte reacción social en el país.

La alternativa, planteó, pasa por encontrar un camino gradual que permita mantener el grado inversor. La calificación resulta fundamental para que Uruguay pueda acceder al financiamiento en condiciones relativamente favorables y continuar colocando deuda.

Perder esa condición, tendría consecuencias que irían mucho más allá de un incremento puntual de los intereses. Elevaría el costo del financiamiento y dificultaría las futuras colocaciones de deuda, generando una presión adicional sobre las cuentas públicas.

Las AFAP y el ahorro de los trabajadores

Uno de los capítulos centrales del análisis fue el papel de las AFAP y de los fondos previsionales. Fernández destacó que los fondos acumulados por los trabajadores uruguayos constituyen una masa de ahorro de enorme importancia para la economía nacional.

Según las cifras mencionadas en la entrevista, los fondos administrados por las cuatro AFAP rondan los 27.000 millones de dólares, una cifra equivalente aproximadamente a un tercio del Producto Interno Bruto del país.

Fernández cuestionó las propuestas que impliquen eliminar el sistema de ahorro individual y trasladar esos recursos directamente al Estado. A su juicio, eso supondría estatizar el ahorro de los trabajadores y convertirlo en una obligación directa del Estado.

También defendió la posibilidad de ampliar gradualmente el margen que tienen las AFAP para invertir en el exterior. El argumento es que una mayor diversificación permitiría acceder a activos internacionales con potencialmente mejores condiciones de rendimiento y riesgo.

Decisiones pendientes para un problema que atraviesa gobiernos

El planteo de Fernández apunta, a un problema que trasciende una administración concreta. Uruguay enfrenta simultáneamente desafíos fiscales, previsionales, laborales y de competitividad que requieren decisiones de largo plazo.