En su espacio semanal en radio Turística, el periodista Juan Modesto Llantada habló de los ceses del gobierno de Salto. La situación ha generado un clima tenso, con movilizaciones, protestas y un sentimiento de frustración entre los trabajadores afectados.

Sin embargo, Llantada fue claro: todo esto se sabía desde el principio. Los mecanismos que se usaron para contratar personal estaban prohibidos por la Constitución y por la ley. Era un camino que tarde o temprano se caería. La ilusión que se generó en cientos de familias terminó en un golpe duro, porque hoy pierden el trabajo y se sienten engañados.

Una historia que se repite

No es la primera vez que pasa. Hace diez años, también en Salto, se cesaron a 253 funcionarios que habían ingresado en condiciones irregulares. Ninguno logró volver a su cargo y muchos todavía esperan una resolución judicial. Ahora son 291 los trabajadores en la misma situación. El problema de fondo es que se juega con las esperanzas de la gente. Se les promete estabilidad y futuro, pero en realidad se los utiliza como tropa electoral. Cuando el ciclo político cambia, se quedan sin nada. Es el “mentime que me gusta”: todos sabían que era ilegal, pero igual lo aceptaron.

Entre la protesta y el desgaste

Las movilizaciones son parte de este proceso. Hay paros, cortes y reclamos, pero en la práctica quienes pierden más son los propios trabajadores. Los que paran no cobran, la Intendencia se resiente en su funcionamiento y la ciudadanía paga el costo en demoras y falta de servicios. La agitación, dice Llantada, es también un negocio para algunos sectores que viven del conflicto. Pero detrás de esa efervescencia hay familias que sufren de verdad: la angustia de perder un ingreso en un país donde conseguir trabajo no es fácil.

Lo que debe cambiar

Lo hecho no tiene vuelta. La justicia difícilmente revierta estos ceses, como ya ocurrió en el pasado. Por eso, lo importante es pensar en el futuro y no volver a caer en las mismas prácticas. El ingreso a la administración pública tiene que ser por concurso, con reglas claras, con transparencia y con igualdad de oportunidades. Todos sabemos que hay concursos “arreglados” o con favoritismos, pero ese no puede ser el camino. La política debe comprometerse a garantizar procesos serios y respetuosos de la Constitución.

 basta de engaños

Cada episodio como este deja heridas profundas. Los trabajadores se sienten utilizados, las instituciones pierden prestigio y la confianza en la política se debilita. Por eso, más allá de colores partidarios, la enseñanza es clara: no se puede seguir jugando con la necesidad de la gente. El Estado debe ser ejemplo de transparencia y respeto. Solo así se evitarán nuevas frustraciones y se recuperará la credibilidad en la gestión pública.