En su visita a Salto el pasado fin de semana, el Prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, se refirió a la reforma del Código del Proceso Penal, destacando que el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo busca corregir aspectos identificados tras años de aplicación del sistema vigente. Según señaló, a ocho años de su implementación, jueces, fiscales y defensores cuentan con una “acumulación de conocimiento importante”.

Díaz subrayó que las múltiples modificaciones introducidas desde 2017 “fueron perforando el sistema”, por lo que considera necesario restablecer las bases del modelo acusatorio, adversarial, oral y público, pilares fundamentales del actual proceso penal.

Una reforma construida desde los operadores y la academia

El proyecto compuesto por 187 artículos recoge principalmente la visión de los operadores del sistema judicial y de la academia, más que las percepciones del sistema político. En ese sentido, puso como ejemplo el proceso abreviado, una herramienta que, según afirmó, no será modificada, ya que es considerada “imprescindible” por quienes trabajan directamente en la justicia.

Además, destacó que el grupo de trabajo que elaboró la propuesta contó con la participación de instituciones como el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación y Cultura.

Polémica por la libertad anticipada

Agregó que hay una controversia generada por un artículo vinculado a la libertad anticipada. Aclaró que no implica una liberación automática de personas privadas de libertad, sino la posibilidad de tramitar un beneficio bajo condiciones específicas, sujeto a la decisión judicial. Asimismo, recordó que este instituto tiene más de 100 años en Uruguay y que las restricciones actuales son relativamente recientes.