En 1984, cuando el régimen de facto uruguayo transitaba sus últimos estertores y se dialogaba una salida institucional a una de las etapas más vergonzosas de nuestra historia, todavía se torturaba en los cuarteles. No se trataba de un contexto de guerra, ni de una amenaza real al orden constitucional —ya inexistente— sino de una práctica brutal, insensata y criminal ejercida desde el abuso absoluto del poder. La muerte del médico Vladimir Roslik en una unidad militar constituye una prueba irrefutable de que, aun derrotada política y socialmente, la dictadura seguía aferrada a métodos propios del terrorismo de Estado.