La ciudad de Salto se encuentra en un proceso de transformación en materia de movilidad urbana. Así lo expresó el director del área, Alberto Subí, quien delineó una serie de medidas orientadas a ordenar el tránsito, reducir la informalidad y mejorar la experiencia de los ciudadanos. La incorporación de plataformas digitales de transporte, la modernización de la zona azul y el refuerzo de los controles aparecen como ejes centrales de una gestión que busca revertir años de desregulación.

Uno de los puntos más relevantes es la intención del Ejecutivo departamental de habilitar aplicaciones de transporte como Uber o Cabify. Según explicó Subí, en una entrevista en el Streaming de Diario La Prensa, actualmente existe un escenario “desprolijo” en el que conviven múltiples actores, taxis legales, taxis informales que superan los 300, servicios que se promocionan como Uber sin serlo y conductores particulares que realizan traslados sin ningún tipo de regulación.

Regularizar la informalidad y transparentar tarifas

Frente a este panorama, la Intendencia pretende generar un marco normativo que permita la formalización de estos servicios. El objetivo no es expulsar a quienes hoy operan por fuera de la ley, sino integrarlos a un sistema regulado. “Queremos darles una herramienta para que puedan formalizar su situación”.

Actualmente, el departamento cuenta con apenas 73 taxis habilitados, una cifra muy inferior a la demanda real. En este contexto, la llegada de plataformas digitales podría absorber parte del mercado informal, generando mayor competencia y reglas más claras.

En paralelo, se avanzó en la implementación de tarifas oficiales para los taxis, fijadas por el Ministerio de Economía y homologadas por la Intendencia. Hasta ahora, era habitual que los usuarios enfrentaran cobros arbitrarios. Con la nueva normativa, los conductores deberán exhibir la tarifa de forma visible, garantizando transparencia y previsibilidad para el pasajero.

Zona azul y espacios públicos, hacia una “ciudad inteligente”

Otro de los cambios en marcha es la modernización de la zona azul, que avanzará hacia un sistema digital en línea con el concepto de “Smart City”. Esta iniciativa busca optimizar el uso del estacionamiento en áreas céntricas y mejorar la circulación.

En este marco, también se evalúa la creación de una guardia municipal, en coordinación con la Policía, con funciones de educación, control y ordenamiento del espacio público. Este cuerpo tendría un rol clave en la prevención de infracciones, como el estacionamiento indebido o la circulación en doble fila.

Además, se proyecta redefinir el rol de los cuidacoches, quienes pasarían a desempeñarse como facilitadores del tránsito. La idea es transformar una actividad informal en una función más integrada al sistema, contribuyendo a mejorar la convivencia urbana.

Un parque vehicular que supera a la población

El desafío del tránsito en Salto no es menor. Con una población de aproximadamente 125.000 habitantes, circulan más de 140.000 vehículos, entre motos, autos y camiones. Esta relación evidencia una presión significativa sobre una infraestructura que no ha cambiado en las últimas décadas.

A esto se suma la falta histórica de controles y campañas de concientización, lo que derivó en conductas riesgosas y altos niveles de siniestralidad. Si bien en 2025 se registró una leve mejora con 15 fallecidos frente a los 17 del año anterior, las autoridades advierten que el problema persiste.

Subí hizo especial énfasis en la necesidad de promover una cultura de prevención. “La multa es una herramienta necesaria, pero no es la solución. El cambio real viene por la educación”. En ese sentido, alertó sobre prácticas peligrosas como el uso del celular al volante o la falta de cinturón de seguridad, factores que pueden resultar fatales en cuestión de segundos.

El problema de los vehículos incautados

Otro de los temas críticos es la acumulación de vehículos incautados. Actualmente, más de 12.000 unidades permanecen retenidas, muchas de ellas abandonadas por sus propietarios. Esta situación genera costos y dificultades logísticas para la Intendencia, que debe hacerse cargo de su custodia.

El problema se ha agravado en los últimos meses debido al incremento de operativos de control impulsados por el Ministerio del Interior. La mayoría de las incautaciones responde a la falta de licencia de conducir, lo que obliga a los infractores a iniciar trámites que muchas veces no completan.

Como resultado, las dependencias de tránsito se encuentran colapsadas, con un aumento del 40% en la demanda de atención. Para hacer frente a esta situación, se implementaron horarios extraordinarios, aunque las autoridades reconocen que aún no se vislumbra una solución a corto plazo.

Multas, críticas y desafíos pendientes

En cuanto al régimen de multas, Subí expresó reparos sobre las recientes rebajas aprobadas a nivel nacional. Si bien reconoció que los montos pueden resultar elevados en relación a los ingresos de la población, cuestionó que estas medidas puedan interpretarse como un premio a quienes incumplen las normas.

De cara al futuro, la Intendencia también trabaja en la regulación de las academias de conducción, un aspecto que hasta ahora carecía de normativa clara en varias categorías de vehículos.