En la sesión de la Junta Departamental celebrada ayer, uno de los principales planteos estuvo relacionado con la situación que enfrentan jubilados, pensionistas y personas vulnerables que concurren a las oficinas del Banco de Previsión Social (BPS) en Salto. La edil Luciana Gallino cuestionó las extensas filas que se forman diariamente en la vía pública y la falta de espacios adecuados para que quienes esperan puedan hacerlo sentados y en condiciones dignas.

Señaló, la agenda web presenta demoras de semanas e incluso meses, mientras que la atención presencial cuenta actualmente con apenas dos funcionarios. Gallino aclaró que el planteo no apunta a los trabajadores, sino a la falta de recursos, y reclamó soluciones urgentes. Sus palabras fueron enviadas a las autoridades del BPS y a la Comisión de Derechos Humanos de la Junta.

Preocupación por controles y coordinación ante posibles inundaciones

El edil Walter Campos puso el foco en la necesidad de mejorar la coordinación entre las distintas dependencias de la Intendencia vinculadas al control urbanístico, ambiental, territorial y de obras, especialmente ante posibles crecidas del río Uruguay y cursos de agua.

Advirtió sobre la falta de comunicación y protocolos conjuntos entre áreas como Inspectoría, Higiene, Gestión Ambiental, Ordenamiento Territorial, Policía Territorial y Fiscalización de Obras. Sostuvo que una mejor coordinación permitiría fortalecer los controles y evitar situaciones como comercios instalados sin saneamiento o en zonas no habilitadas.

Más de 200 trabajadores de Somicar en seguro de paro

La situación del frigorífico Frigosalto-Somicar también ocupó un lugar destacado. El edil Mario Furtado informó que más de 200 trabajadores se encuentran actualmente en seguro de paro total o parcial, generando incertidumbre para numerosas familias salteñas.

El edil reclamó que se acelere ante el Ministerio de Trabajo el trámite para extender el seguro de paro y destacó que la empresa mantiene parte de su actividad pese a trabajar con menores volúmenes. A su vez, la edil Lumila Martínez informó que existen interesados en producir en la planta y anunció gestiones ante UTE para buscar facilidades de pago que permitan atravesar los próximos meses y posibilitar una eventual recuperación de la producción.

Violencia y atención a mujeres

La edil Sofía Viera planteó la necesidad de fortalecer la prevención de la violencia en ámbitos educativos, a raíz de la agresión sufrida por una estudiante de Medicina. Reclamó información sobre los protocolos existentes y una política preventiva permanente.

Por su parte, Lucía Minuti advirtió sobre la situación del servicio de atención a mujeres víctimas de violencia basada en género de INMUJERES-MIDES en Salto, señalando que se encuentra nuevamente al borde de la interrupción debido a atrasos en los fondos destinados a la organización encargada de su gestión.