En la mañana de hoy en la zona de La Gaviota se ha convertido en uno de los puntos visibles de una protesta que crece a nivel nacional. Transportistas autoconvocados, junto a productores, fleteros y vecinos, llevan adelante una movilización pacífica en rechazo a la guía de carga y al constante aumento del combustible, dos factores que están llevando al límite la actividad.

“Estamos por el no a la guía de carga, un rotundo no”, expresan desde el lugar. Para los trabajadores del transporte, esta herramienta no solo no aporta soluciones, sino que agrava la situación al sumar controles y sanciones que consideran excesivas. Denuncian que el sistema tiene un fuerte componente recaudatorio y que genera complicaciones operativas innecesarias.

Costos en alza y tarifas congeladas

Uno de los principales reclamos apunta al precio del combustible, que ha aumentado entre ocho y nueve pesos en el último tiempo. Este incremento impacta directamente en toda la cadena de costos, encareciendo productos básicos como el pan, la leche y la carne. “Las tarifas deberían ajustarse, pero los camioneros no recibimos ningún ajuste”, sostienen. Esta situación, explican, afecta especialmente a quienes trabajan en el interior del país, donde las distancias son mayores y los costos logísticos más altos que en zonas cercanas a la capital o los principales puertos. El reclamo no es nuevo. Desde hace tiempo, el sector viene advirtiendo sobre la pérdida de rentabilidad y las dificultades para sostener la actividad. Sin embargo, aseguran que no han encontrado respuestas concretas por parte de las autoridades.

Controles estrictos y sanciones elevadas

Otro de los puntos críticos es el sistema de controles. Los transportistas señalan que ya cumplen con exigencias rigurosas para circular y que la incorporación de nuevas obligaciones solo entorpece el trabajo diario. “Si te falta un detalle mínimo, no podés salir a la ruta”. A esto se suma el riesgo de multas elevadas ante cualquier falla en la guía de carga, incluso por problemas técnicos como la caída del sistema o la falta de señal en dispositivos móviles. Según denuncian, las sanciones pueden alcanzar cifras cercanas a los 100 mil pesos, lo que consideran desproporcionado y perjudicial para trabajadores que ya operan con márgenes reducidos.

Un reclamo sin respuesta

Los manifestantes aseguran que han intentado establecer diálogo con distintos organismos, incluyendo ámbitos parlamentarios, pero que no han recibido respuestas. “Hemos ido a comisiones y no hemos tenido ni siquiera una devolución”. En este contexto, definen la movilización como un “pedido de auxilio” al gobierno. Consideran que existe una desconexión entre la realidad del sector productivo y las decisiones que se toman desde la administración pública. “El país crece con lo que se produce, pero parece que solo se piensa en recaudar”.

Paro por tiempo indeterminado

A diferencia de otras protestas, esta movilización no tiene una duración definida “Vamos a estar uno, dos o los días que sean necesarios, porque no damos más”. Aclaran, que se trata de una manifestación pacífica y que no se prevé el corte total de rutas, aunque sí puede haber enlentecimiento del tránsito en distintos puntos del país. Mientras tanto, las movilizaciones continúan replicándose en diferentes departamentos. El mensaje es que el sector reclama ser escuchado antes de que la situación se vuelva insostenible.