Durante la media hora previa de la Junta Departamental de Salto, el edil Walter Campos planteó su preocupación por lo que considera una falta de controles por parte de la Intendencia en diversas áreas de la actividad pública y comercial del departamento. Según expresó, existen regulaciones y normativas que deben ser controladas por el gobierno departamental para garantizar el correcto funcionamiento de la ciudad, pero entiende que en varios casos esos controles no se están realizando de forma adecuada.

CONSTRUCCIONES, COMERCIOS Y ACTIVIDADES BAJO LA LUPA

El edil señaló que la Intendencia tiene la responsabilidad de fiscalizar aspectos vinculados a las construcciones, la higiene y las actividades comerciales. Sin embargo, afirmó que se observan situaciones irregulares que continúan desarrollándose sin una intervención efectiva. Entre los ejemplos mencionados, hizo referencia a la venta de verduras en lugares que funcionarían sin las habilitaciones correspondientes, comercios ubicados en zonas no permitidas y actividades recreativas organizadas por establecimientos que, según indicó, no tendrían autorización para realizarlas. También mencionó el caso de un comercio gastronómico que estaría funcionando en un predio público y que, según la información que posee, presenta irregularidades vinculadas a las autorizaciones de construcción.

PREOCUPACIÓN POR OBRAS EN ZONAS INUNDABLES

Otro de los puntos destacados por Campos fue la existencia de construcciones en áreas cercanas a los arroyos Ceibal y Sauzal. El edil manifestó que la falta de controles en esas zonas podría aumentar los riesgos ante futuras crecientes o inundaciones, afectando tanto a vecinos como al entorno natural.

RECLAMO POR IGUALDAD DE CONDICIONES

Durante su exposición, Campos sostuvo que la situación genera una competencia desigual entre quienes cumplen con las exigencias municipales y quienes desarrollan actividades sin las habilitaciones correspondientes. Indicó además que algunos comercios formales pagan tasas, cumplen requisitos sanitarios y realizan inversiones para ajustarse a la normativa, mientras que otros funcionarían sin los mismos controles.