El juez federal Sebastián Casanello procesó al expresidente de Argentina, Alberto Fernández, por negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de una causa que investiga maniobras irregulares en contrataciones de seguros con organismos estatales durante su mandato. El procesamiento –el primero por corrupción que afronta el expresidente- castiga con una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua al funcionario que “se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero”.

El juez determinó que Fernández favoreció al bróker Héctor Martínez Sosa, alguien de su círculo íntimo y ex cliente personal, cuyas comisiones durante el gobierno superaron los 2.200 millones de pesos, casi el 60% de lo que pagó Nación Seguros. También fue clave el rol de María Cantero, esposa de Martínez Sosa y secretaria privada del expresidente, que habría usado su cargo para direccionar contratos a la empresa familiar. Casanello embargó los bienes de Fernández por más de 14 mil millones de pesos y procesó a otras 33 personas, incluyendo exfuncionarios y empresarios.

El fallo revela incluso gestiones personales del expresidente para mantener contratos o asegurar la permanencia de aliados en cargos clave.
El juez concluye que existió una comunidad de intereses entre Fernández, Cantero y Martínez Sosa, y que lejos de cortar vínculos al asumir la presidencia, el exmandatario habilitó un escenario para que su entorno lucrara con el Estado. La causa también investiga posibles delitos de cohecho, lavado de dinero y fraude.