El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% para las importaciones procedentes de más de 80 países y economías, al sostener que esas naciones no cuentan con mecanismos suficientes para impedir el ingreso de bienes producidos con trabajo forzoso. Las tarifas entraron en vigor a las 00:01 de este viernes y reemplazan el arancel global temporal del 10% que expiró el jueves.

La Administración estadounidense fundamentó la medida en una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite responder a prácticas comerciales consideradas injustificadas o discriminatorias. La Casa Blanca recurrió a ese instrumento después de que los tribunales limitaran parte de las tarifas globales aplicadas anteriormente bajo la Sección 122.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sostuvo que “la tasa y el alcance de las exenciones son apropiados” para lograr la eliminación de las prácticas sancionadas por la investigación sobre trabajo forzoso.

La decisión provocó una rápida reacción de varios gobiernos, que rechazaron los argumentos utilizados por Washington y anticiparon negociaciones o medidas diplomáticas.

Uno de los primeros países en responder fue Brasil. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que Estados Unidos utilizó el trabajo forzoso como argumento para reforzar una política comercial proteccionista.

En un comunicado, Brasil sostuvo que “ante la falta de un fundamento legal interno que respalde su política comercial proteccionista”, Estados Unidos “optó por manipular un tema tan importante” para justificar los nuevos gravámenes.