El régimen iraní admitió este miércoles que al menos 3.117 personas murieron durante las protestas que estallaron a finales de diciembre, pero activistas y organizaciones de derechos humanos advierten que la cifra real podría ser considerablemente más alta. El anuncio, realizado por la Fundación de Veteranos y Mártires y transmitido por la televisión estatal, representa el primer reconocimiento oficial de la magnitud de la violencia, aunque los datos han sido rápidamente puestos en duda por observadores independientes.

El movimiento de protestas, impulsado inicialmente por el descontento económico, derivó en una ola nacional de huelgas y manifestaciones que desafió abiertamente a la teocracia instaurada tras la revolución de 1979.

Según el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Akbar Pourjamshidian, 2.427 de los fallecidos son considerados “mártires”, tanto civiles como miembros de las fuerzas de seguridad. Otros 690, según la versión oficial, fueron catalogados como “terroristas, alborotadores y atacantes de instalaciones militares”.

Sin embargo, fuentes independientes insisten en que el régimen iraní tiene un largo historial de subestimar el impacto de la represión estatal. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, advirtió que “todas las pruebas disponibles apuntan a que el verdadero número de muertos durante las protestas es mucho más alto”.

Según Amiry-Moghaddam, si se aplica el mismo patrón de ocultamiento que el régimen ha seguido en otros contextos, como las ejecuciones, el balance podría alcanzar o incluso superar las 25.000 víctimas fatales.  La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, elevó el número de muertos verificados a 4.560, aunque reconoció que la cifra podría ser mucho mayor dada la dificultad para recopilar información en un país bajo un estricto apagón de internet.