Los dictadores Rosario Murillo y Daniel Ortega suprimirán los derechos electorales en Nicaragua desde el primero septiembre. Se trata de un hecho político inédito en América Latina, que exhibe la voracidad autoritaria del régimen sandinista. La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene la obligación de defender los derechos humanos en América Latina, y la decisión dictatorial de Murillo y Ortega activó ese mandato institucional de manera automática.

Hace una semana, se trató esta posibilidad en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente, que exhibió la fractura ideológica en la región. Un bloque homogéneo liderado por Estados Unidos y acompañado por un grupos de países aliados de la administración Trump que repudia la dictadura de Nicaragua, frente a la posición reluctante de Lula da Silva junto al acompañamiento sigiloso de México.

En esa oportunidad, Thaís Mesquita Candia Pecoraro -ministra consejera de la embajada de Brasil en la OEA-. enfrentó la posición de Estados Unidos y los socios regionales de Trump apelando a la cuestión de seguridad como concepto disruptivo.

Estos fueron los aspectos clave del discurso pronunciado por Candia Pecoraro: “En cuanto al proyecto de resolución presentado durante esta sesión, creemos que es equivocado abordar la situación en Nicaragua como una cuestión de seguridad. Se trata, sí, de una crisis política, con graves repercusiones sobre los derechos humanos. No se han presentado a este consejo evidencias que permitan afirmar que existe algún proceso que afecte la paz y la estabilidad regionales”.