El gobierno anunció una modificación en los criterios del tope de aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) que, si bien no alterará las tasas que paga la gran mayoría de los trabajadores, implicará una reducción o eliminación de las devoluciones anuales para unas 155.000 personas a partir de 2027. El ajuste, que comenzará a regir formalmente desde enero de 2026, generó un fuerte debate político y sindical por su impacto directo en los ingresos de un 10% de los cotizantes.

La medida y sus alcances

Según explicó el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, las tasas de aporte al Fonasa se mantienen incambiadas (3%, 4,5%, 6% y 8%, según nivel de ingresos y cargas familiares). El cambio se concentra exclusivamente en el tope anual de la contribución especial al Seguro Nacional de Salud (SNS), que es el parámetro que determina a partir de qué monto corresponde una devolución al trabajador por haber aportado “de más”.

Actualmente, unas 155.000 personas reciben cada año devoluciones del Fonasa. Con la nueva metodología, entre 60.000 y 70.000 dejarán de percibirlas por completo, mientras que las restantes —unas 85.000— continuarán recibiendo devoluciones, pero por montos significativamente menores. El nuevo tope anual se ubicará por encima de los $ 100.000, frente a los $ 71.055 vigentes hasta ahora.

El impacto en el bolsillo se verá recién en 2027, ya que en setiembre de 2026 los trabajadores aún cobrarán devoluciones correspondientes a los aportes realizados bajo el régimen actual. En términos salariales, por ejemplo, una persona sin hijos ni cónyuge que aporta el 4,5% hoy comienza a recibir devolución cuando supera los $ 138.000 nominales. Con el nuevo esquema, ese umbral se elevará a unos $ 186.000. En el caso de trabajadores con dos hijos, el ingreso mínimo para acceder a devolución pasará de unos $ 310.000 a cerca de $ 400.000 nominales.

El Fonasa con déficit creciente

El Poder Ejecutivo fundamenta la decisión en el creciente déficit del Fonasa, que superó los US$ 820 millones en 2024 y fue de US$ 815 millones en 2023. Ese desfasaje se cubre cada año con transferencias de Rentas Generales. Con el ajuste anunciado, el gobierno prevé reducir en un 10% esos aportes, lo que equivale a unos US$ 80 millones menos, sin incrementar los recursos que reciben las mutualistas.

Desde el punto de vista técnico, el cambio central está en el costo promedio de atención de un beneficiario a lo largo de su vida. Ese valor pasará de $ 4.737 a $ 6.693 mensuales, un aumento del 39%. Al anualizarlo y aplicar el componente solidario del sistema, el nuevo tope asciende a $ 100.395. Para el gobierno, el cálculo anterior subestimaba el costo real del sistema y provocaba devoluciones excesivas.

Para ex  jerarca de MSP no se encara una revisión del costo de la salud

El ex subsecretario de Salud Pública José Luis Satdjian cuestionó que se trate de un ajuste parcial que prioriza la recaudación y no una reforma integral del sistema, señalando que variables como la cápita también presentan distorsiones. Para la oposición, el gobierno eligió “meterle la mano al bolsillo de los trabajadores” en lugar de encarar una revisión estructural del financiamiento de la salud, donde se entiende hay vicios a corregir.