El gobierno del Frente Amplio (FA) enfrenta una fuerte resistencia por parte de la oposición ante la propuesta de designar a Mario Layera como titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. El nombre del ex director nacional de la Policía, una figura estrechamente vinculada a la gestión de seguridad de los gobiernos de izquierda, se ha convertido en el principal escollo en las negociaciones por un paquete de 40 cargos que se pretende repartir entre oficialismo y oposición.

Layera, considerado un hombre de confianza del ex ministro del Interior Eduardo Bonomi, genera un amplio rechazo en los principales sectores del Partido Nacional y del Partido Colorado, ambos socios de la Coalición Republicana. La negativa, especialmente firme entre los nacionalistas, se centra en el simbolismo de su figura y en su asociación directa con políticas de seguridad que fueron duramente cuestionadas durante los últimos dos períodos frenteamplistas. En el Partido Colorado, si inicialmente se compartieron las objeciones, en las últimas horas surgieron voces que reconocen que "no hay argumentos" suficientes para rechazar la venia, una señal de posible distensión en las negociaciones.

Desde el FA se sostiene que la designación de Layera está incluida en el paquete de cargos acordado con la oposición, y que su aprobación debe concretarse como parte del conjunto. Esta postura se mantiene firme a pesar de los reparos y cuestionamientos políticos. 

Uno de los elementos que utilizó la oposición para justificar su resistencia fue el hecho de que Layera había sido indagado en el marco de la investigación por las visitas que el mafioso italiano Rocco Morabito —fugado de la Cárcel Central en 2019— recibía del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia entre 2017 y 2018. Sin embargo, este argumento quedó debilitado tras una resolución reciente de la fiscal del caso, Silvia Porteiro, quien ordenó el archivo de la indagatoria respecto a los traslados de González Valencia, lo que eximió a Layera de toda responsabilidad.

Con este nuevo escenario, el futuro de la venia para Layera queda en manos de la capacidad de negociación política entre oficialismo y oposición, en un contexto donde los acuerdos por cargos parecen más frágiles de lo esperado.