El Poder Ejecutivo presentó ayer una segunda ampliación de la denuncia penal por fraude o estafa en el contrato con el astillero español Cardama, encargado de la construcción de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional. La ampliación incorpora una pericia de Policía Científica sobre la renovación de la garantía de fiel cumplimiento presentada en octubre por la empresa.

El informe, solicitado por el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, concluye que la firma del documento no es original ni digital, sino calcada, y que al menos tres documentos presentan una firma idéntica copiada y pegada. La pericia fue agregada a la denuncia inicial presentada el 24 de octubre por Presidencia de la República.

La primera ampliación se había realizado a fines de noviembre, con un informe de un notario español que advertía que el acta presentada por Cardama tenía firmas falsificadas. 

El contrato, por unos 82 millones de euros, fue firmado a fines de 2023, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. En octubre de este año la administración de Yamandú Orsi anunció su decisión de rescindirlo, suspender los pagos y avanzar por la vía penal ante un presunto fraude.