La decisión del gobierno de decretar servicios mínimos en la playa especializada en contenedores del puerto de Montevideo generó críticas tanto de empresarios como de dirigentes sindicales. La medida fue adoptada ante la falta de acuerdo entre la empresa concesionaria, Terminal Cuenca del Plata (TCP), y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) en la negociación de un nuevo convenio colectivo.

Para la empresa “una voltereta en el aire”

La resolución no conformó a TCP. Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, calificó la decisión como una “voltereta en el aire” y sostuvo que, para la compañía, constituye en los hechos una declaración de esencialidad, aunque “lavada”. Apuntó, que no se establecieron mecanismos de control para garantizar el cumplimiento y advirtió que, si ante futuras medidas sindicales no se respetan los mínimos fijados, el gobierno deberá permitir a la empresa adoptar las medidas necesarias para asegurar la operativa. Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, consideró que la medida es insuficiente. “Capaz que no es la mejor solución pero si destraba los problemas que hoy está teniendo el puerto, puede ser. Pero otros miembros de la confederación nos han avisado que el tema no es tan sencillo, hay espera de los camiones, hay pérdidas, y no va a ser tan fluído como si estuviera trabajando al 100%”.

Medida “excesiva” para el Pit-Cnt y el Sindicato

Por su parte, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, calificó de “excesivos” los servicios mínimos porque según los sindicatos portuarios, se acercan a una  situación de funcionamiento normal. En un comunicado, la central reconoció que este tipo de mecanismos existe habitualmente en el mundo laboral, pero sostuvo que sus condiciones deberían acordarse entre las partes y remarcó que ninguna normativa puede inhibir el derecho constitucional de huelga. Además, expresó su solidaridad con los trabajadores y exhortó especialmente a la empresa a realizar esfuerzos para alcanzar un convenio colectivo.

Sanchéz rechazo lo de “esencialidad lavada”

Desde el gobierno, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, rechazó que se trate de una “esencialidad lavada”. “Yo creo que es conforme a las normas de la Organización Internacional del Trabajo. El Uruguay acaba de generar un hito importante que es establecer los servicios mínimos indispensables para que funcione la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo con garantías para todas las partes. Pero es importante decir que el puerto de Montevideo no está parado. Hay otras terminales que funcionan. Hay un conflicto y le hemos solicitado a las partes los máximos esfuerzos para llegar a un acuerdo”.

Castillo destacó que el decreto “mantiene el derecho de huelga”

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, en tanto, resaltó que con el decreto “se mantiene” el derecho de huelga. Asimismo, defendió la necesidad de asegurar una actividad mínima en un sector económico relevante y afirmó que el objetivo de fondo continúa siendo que empresa y trabajadores alcancen un nuevo convenio colectivo.