La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) ratificó sus críticas al senador colorado Andrés Ojeda, pese al informe de la Dirección Jurídica del Poder Legislativo que concluyó que no hubo violaciones constitucionales en su actuación como abogado penalista ante la Fiscalía. Lejos de cerrar la polémica, el oficialismo subrayó que existen interpretaciones jurídicas divergentes y que el debate trasciende lo estrictamente administrativo, incorporando una dimensión ética y política que, a su entender, sigue plenamente vigente.

La respuesta más firme provino del senador del Movimiento de Participación Popular, Sebastián Sabini, quien rechazó las acusaciones de Ojeda, que calificó las críticas del FA como una “máquina de humo”. Sabini fue categórico al afirmar que “nadie le dice al FA cómo actuar” y defendió la potestad del Parlamento de analizar la conducta de sus integrantes, aun cuando existan informes técnicos preliminares que adopten una posición distinta. Para el legislador, el control político y la discusión sobre posibles conflictos de interés no pueden quedar condicionados por dictámenes administrativos.

En la misma línea se expresó el senador Eduardo Brenta, quien recordó que el debate jurídico está lejos de ser pacífico. Mientras el informe parlamentario aplica un criterio de “razonabilidad” para habilitar el ejercicio profesional de Ojeda, reconocidos constitucionalistas como José Korzeniak y Luis Fleitas han señalado que su actuación como abogado defensor en causas penales podría colisionar con el artículo 124 de la Constitución. Desde el FA, y con el respaldo de su presidente Fernando Pereira, se insiste en que cuando un legislador litiga en ámbitos donde el Estado es parte, se pone en juego la probidad pública y la confianza ciudadana en la imparcialidad institucional.

El núcleo de la controversia se centra precisamente en la interpretación del artículo 124, que prohíbe a los legisladores tramitar asuntos de terceros ante la Administración Pública cuando el Estado es parte interesada. Para una visión, la prohibición debe leerse de forma flexible; para otra, busca prevenir cualquier posibilidad de tráfico de influencias, real o potencial, y preservar la imagen del sistema republicano.

Las opiniones de los constitucionalistas reflejan esa división. Eduardo Lust sostuvo que Ojeda no violó la Constitución, aunque reconoció que la transformación de la Fiscalía en servicio descentralizado en 2015 introduce una restricción específica en materia penal. En contraste, Daniel Ochs afirmó que la violación es clara, al entender que el espíritu del artículo 124 es separar tajantemente al órgano controlador de la actividad del controlado. Así, el caso Ojeda continúa abierto, no solo en lo jurídico, sino también en el plano ético y político.