El embajador de Israel en Uruguay, Eldad Hayet, cuestionó la realización de una actividad por el Día de la Mujer Palestina prevista para el próximo 26 de octubre en el Palacio Legislativo, que contará con la participación virtual de Majida al-Masri, dirigente del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP). 

El diplomático expresó su preocupación por lo que considera una "pretensión de legitimar a organizaciones terroristas mediante la participación de sus miembros en actividades públicas". Además, sostuvo que el FDLP es responsable de ataques contra civiles israelíes, incluidos los del 7 de octubre de 2023.

La actividad fue solicitada por el senador frenteamplista Gustavo González y autorizada por la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse. Legisladores de la coalición republicana enviaron una carta a la vicepresidenta para solicitar que se impidiera la participación de Al-Masri, a quien cuestionan por sus vínculos con el FDLP y sus declaraciones en defensa de la resistencia palestina. Entre los dirigentes que criticaron la convocatoria se encuentran los nacionalistas Sebastián Da Silva, Javier García y Graciela Bianchi.

González rechazó las acusaciones y aseguró que el FDLP es una organización legal en Palestina que no figura en la lista estadounidense de organizaciones terroristas. El legislador sostuvo que la oposición está "equivocadísima" y negó que el grupo haya cometido atentados o secuestros. También defendió la participación de Al-Masri, a quien presentó como una dirigente política que reside en Cisjordania, un territorio que, según destacó, está ocupado por Israel y donde, por lo tanto, ese país podría detenerla si tuviera razones para ello.

Cosse rechazó el planteo de la oposición

La vicepresidenta Carolina Cosse por su lado, rechazó el pedido de legisladores de la oposición para impedir la actividad con la dirigente palestina. Cosse defendió la libertad de expresión y sostuvo que no le corresponde a ella determinar quién puede participar de actividades convocadas por los parlamentarios. La vicepresidenta explicó que no existe un reglamento específico sobre el uso de las salas del Palacio Legislativo y que el criterio vigente permite a cada legislador solicitar espacios bajo su responsabilidad. Por ese motivo, consideró que no corresponde que, en su calidad de vicepresidenta, decida "quién puede hablar y quién no".