Hoy entra en vigor la ley de eutanasia que reconoce el derecho de las personas a solicitar una muerte asistida en situaciones específicas. Por esa razón, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó sobre el alcance del decreto que establece las condiciones y las garantías para su aplicación en el sistema de salud.  

La ministra Cristina Lustemberg sostuvo que “Se establecen definiciones sobre qué se entiende por patología o condición clínica, los conceptos de irreversible o incurable y de sufrimientos que resulten insoportables, entre otros, para determinar con un criterio estricto quiénes podrían estar alcanzados por la norma”. El proceso requiere una solicitud expresa por escrito de la persona, la evaluación del médico actuante y una segunda opinión médica independiente. En caso de existir diferencias entre profesionales, se prevé la intervención de una junta médica para garantizar una resolución fundada y segura.

Asimismo, se incorpora una instancia de ratificación de la voluntad, en la que la persona debe confirmar su decisión, para asegurar que se mantiene en el tiempo y que no existan presiones externas. En todo momento, la voluntad del solicitante es revocable, pudiendo desistir del procedimiento en cualquier etapa.Además, existe la obligación de los equipos de salud de brindar información completa sobre todas las alternativas disponibles, incluyendo los cuidados paliativos. También establece responsabilidades claras para los prestadores de salud, quienes deberán asegurar el acceso, el acompañamiento y el cumplimiento de cada etapa del procedimiento. La reglamentación prevé que el procedimiento se realice acorde a la voluntad de la persona, pudiendo llevarse a cabo tanto en una institución de salud como en el domicilio, siempre que se garanticen las condiciones necesarias.