La comisión investigadora del Parlamento sobre la compra de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional recibió  las respuestas del  empresario español Mario Cardama a una serie de preguntas formuladas por los legisladores. En el texto, Cardama aseguró que representantes del actual gobierno analizaron alternativas para modificar el contrato luego de detectarse que la garantía presentada por su empresa era falsa. Según su versión, Jorge Díaz, la ministra de Defensa Sandra Lazo y otros jerarcas plantearon distintas opciones durante reuniones con el ex ministro y abogado Gonzalo Fernández.

Cardama sostuvo que entre las posibilidades manejadas estuvieron rescindir el contrato, transferirlo a un tercero, reducirlo a una sola patrullera, modificar los hitos de cumplimiento y cambiar el mecanismo de pagos. Según el empresario, solicitó que esas modificaciones fueran entregadas por escrito, pero afirmó que nunca recibió el listado solicitado. También cuestionó la preparación técnica de los funcionarios enviados por Defensa para controlar la construcción.

Sobre la garantía falsa de Eurocommerce, Cardama explicó que la empresa había tenido dificultades para conseguir avales debido a las restricciones de financiamiento para proyectos vinculados con armamento. Dijo que buscó alternativas en bancos europeos y a través de intermediarios, pero que varias gestiones fracasaron. Finalmente, presentó una garantía que resultó corresponder a una empresa inexistente.

El empresario cuestionó que el gobierno haya utilizado esa situación para rescindir el contrato sin intimar previamente a sustituir la garantía. Según su relato, durante buena parte de 2025 las autoridades no habían formulado objeciones sobre ese punto. Cardama sostuvo además que antes de asumir el actual gobierno Orsi, Lazo y otros jerarcas le transmitieron que, aunque el astillero no era su opción preferida, Uruguay cumpliría sus compromisos porque el contrato ya estaba firmado.