El astillero español, Cardama, llevó el conflicto por la rescisión de su contrato con Uruguay a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París y ya fue notificado el presidente de la República, Yamandú Orsi. En marzo, Cardama había abandonado la conciliación judicial que tramitaba en Uruguay y anunciado que evaluaba "otros caminos". El arbitraje internacional en la CCI era el camino más claro y finalmente lo tomó, porque presentó su escrito amparándose en el artículo 39 del contrato, que prevé el recurso a la CCI cuando la sociedad designada para dirimir controversias técnicas "se rehúsa a servir de árbitro".

El astillero solicitó que se declare que la rescisión fue "improcedente y contraria a derecho", que el gobierno de Orsi "incumplió sus obligaciones contractuales" y que no actuó de buena fe. Sin embargo, no incluyó en el escrito inicial el monto de resarcimiento que reclamará. El gobierno rechaza de raíz que esa vía sea aplicable, la posición oficial es que la resolución 336, adoptada el 13 de febrero, no rescindió el contrato por razones técnicas, que serían las que habilitarían el arbitraje internacional, sino por razones contractuales y jurídicas, es decir, irregularidades graves en las garantías exigidas por el acuerdo. El mismo artículo 39 establece que las controversias sobre interpretación, aplicación y ejecución del contrato se deben litigar ante los tribunales de Montevideo con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

Srio. de presidencia Alejandro Sánchez: “Es bastante débil la solicitud de Cardama”

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, fue directo al salir a la prensa: "Es bastante débil la solicitud de Cardama de ir a un arbitraje internacional, porque uno tiene que agotar la vía nacional primero". Además, subrayó que el camino del Poder Ejecutivo fue "muy apegado al derecho nacional". Otro argumento adicional que maneja el gobierno es que Cardama no recurrió la resolución 336 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en su momento, por lo que el acto "quedó firme".

La base del reclamo de Cardama

Cardama, por su parte, ha sostenido que el proyecto seguía activo,  lo que atribuye la rescisión a una decisión política sin sustento técnico. El dueño del astillero español, Mario Cardama, afirmó que las declaraciones públicas del gobierno dañaron la reputación del astillero ante proveedores y anticipó: "Ya habrá oportunidad de discutir todos estos temas y veremos a quién le asistía razón".

El juicio paralelo en el Parlamento

El arbitraje se desarrollará en simultáneo con la investigación parlamentaria en curso, que en los próximos días pasará a analizar el período 2020-2026 y citará como primer invitado al ex comandante en jefe de la Armada. La comisión especial busca reconstruir cómo se llegó a firmar un contrato de esa magnitud con un astillero sin experiencia previa en construcción de patrulleras oceánicas.