La ministra de Defensa, Sandra Lazo, comenzó a ser interpelada, por el senador Javier García. La instancia como tema central, apunta a la denuncia penal presentada por el gobierno por el contrato firmado en la administración anterior para construir dos patrullas oceánicas por más de 92 millones de dólares. El Poder Ejecutivo afirmó haber detectado indicios de fraude en la garantía de fiel cumplimiento presentada por la empresa e inició acciones para rescindir el contrato, lo que desató un fuerte cruce político.La oposición cuestiona el enfoque del gobierno y sostiene que los barcos se están construyendo, por lo que una rescisión sin negociación podría exponer al Estado a juicios millonarios. 

El miembro interpelante, el senador García —exministro de Defensa durante la firma del contrato— desde el oficialismo, se interpreta como una contraofensiva ante lo que se sostiene es una “operación” del oficialismo para desacreditar iniciativas del gobierno anterior.

Ministra Lazo decisión política sin debido asesoramiento

Una investigación administrativa ordenada por la ministra de Defensa, Sandra Lazo, determinó que la adjudicación al astillero Cardama, fue una “decisión política” que no contó con evaluaciones técnicas, financieras ni contractuales suficientes. Según el informe, elaborado por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) entregado diez meses, establecería que García fue quien presentó la propuesta de Cardama al entonces comandante de la Armada y durante el proceso se tomaron “decisiones anticipadas o condicionadas” sin comparar adecuadamente al resto de los oferentes. Por lo que la investigación concluye que esto vulneró el principio de igualdad entre oferentes. En el informe, se agrega que no se tuvieron en cuenta advertencias técnicas y la capacidad financiera y operativa de Cardama. Se cuestiona, la concesión de prórrogas “sin sustento jurídico claro” para la presentación de las garantías, pese a recomendaciones de rescindir el contrato, lo que constituye un “apartamiento del deber de prudencia”. Todo lo que se entiende, podría configurar una negligencia administrativa en perjuicio del interés público.