Las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay comparecieron ante la Comisión de Población y Desarrollo de Diputados, convocadas por la oposición tras el asesinato de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años que murió a manos de su padre a comienzos de marzo. Durante la sesión, la presidenta del organismo, Claudia Romero, aclaró que el joven no mantenía vínculo activo con la institución al momento del hecho, ya que su relación con el sistema había sido entre los ocho meses y los cuatro años de edad. Asimismo, señaló que el INAU no recibió denuncias vinculadas al caso, aunque confirmó que se dispuso una investigación administrativa que permanece en curso.

Los cuestionamientos de los diputados

El eje de los cuestionamientos por parte de la oposición estuvo centrado en las fallas de comunicación entre organismos del Estado. El diputado Felipe Schipani sostuvo que el INAU no intervino debido a un error en la interpretación de una comunicación policial. Según explicó, existía una orden judicial para que el instituto actuara, pero una indicación de “abordar” la situación fue registrada como “aguardar”, lo que impidió activar el procedimiento correspondiente. Para el legislador, este episodio deja en evidencia la ausencia de un sistema de información interinstitucional eficiente. “Estamos ante un gran agujero negro de falta de información”, afirmó, remarcando que incluso las propias autoridades del INAU coincidieron con ese diagnóstico.

La respuesta del jerarca del INAU

En respuesta, Romero reconoció que la sistematización de datos es un aspecto clave a tratar y lo calificó como una prioridad de la actual gestión. En ese marco, destacó la Ley de Garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia como una herramienta fundamental para construir un sistema integrado que permita seguir las trayectorias de vida de niños y adolescentes. “Estamos llegando tarde en muchos casos, algo que no nos podemos permitir”, concluyó.