El caso se inició en 2021, cuando tres hermanas denunciaron haber sido víctimas de abusos por parte de la pareja de su madre, con quien convivían. Según lo probado en el juicio, los hechos se extendieron durante varios años y en distintos domicilios familiares. Las víctimas relataron episodios de tocamientos, exhibicionismo, espionaje mientras se bañaban y violaciones. Además, el acusado ejercía violencia física y amenazas para mantenerlas en silencio, advirtiendo que podía enviarlas nuevamente a un centro de protección del INAU, ya que tenía la tenencia legal.

La jueza otorgó especial valor probatorio al testimonio de las víctimas, considerado el principal indicador en este tipo de delitos. Dichos relatos fueron respaldados por peritos psicólogos y psiquiatras, quienes concluyeron que eran veraces, coherentes y compatibles con experiencias reales de abuso sostenido en el tiempo. La sentencia también destacó los estándares nacionales e internacionales en materia de violencia basada en género, subrayando que estos delitos suelen ocurrir en ámbitos privados, donde la palabra de la víctima adquiere un peso fundamental.

Además de la pena de prisión, el condenado recibió sanciones adicionales: la suspensión de la patria potestad, la inhabilitación por diez años para trabajar en áreas vinculadas a niños, adolescentes o personas dependientes, y la obligación de pagar una reparación económica equivalente a 12 salarios mínimos nacionales. También fue inscrito en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, lo que refuerza las medidas de protección hacia las víctimas y la sociedad.

Este fallo marca un precedente importante en Rosario, al reafirmar la necesidad de escuchar y valorar los testimonios de las víctimas en casos de violencia sexual. La condena busca no solo castigar al responsable, sino también enviar un mensaje claro de justicia y reparación frente a delitos que afectan gravemente la libertad y la dignidad de las personas.