El respaldo a la democracia cayó seis puntos en Uruguay y casi la mitad de los ciudadanos acepta la posibilidad de un gobierno no democrático si logra resolver los problemas. No es una señal para mirar de reojo: es una advertencia seria para una clase política que está perdiendo credibilidad.

Hay cifras que deberían hacer sonar todas las alarmas. El Latinobarómetro 2026 muestra que el apoyo a la democracia en Uruguay cayó del 70% al 64% en apenas dos años. Seguimos entre los países que más valoran el sistema democrático, pero la tendencia es negativa y el dato no puede despacharse como una simple variación estadística.

Mucho más preocupante es otra respuesta: el 45% de los uruguayos dice que no le importaría un gobierno no democrático si consigue resolver los problemas. Es cierto que Uruguay permanece por debajo del promedio latinoamericano, que llega al 52%, pero que casi uno de cada dos ciudadanos manifieste esa disposición debería ser motivo suficiente para que la clase política abandone por un momento la comodidad de los discursos y mire de frente la realidad.

Porque la democracia no se desgasta solamente cuando aparecen quienes la cuestionan. También se desgasta cuando quienes dicen defenderla son incapaces de ofrecer respuestas concretas.

El informe aporta otra señal contundente: desde 2011 cayó 20 puntos la percepción de los uruguayos acerca de que el Estado hizo “mucho o algo” por ellos. Es difícil pedir entusiasmo institucional a un ciudadano que paga impuestos, cumple obligaciones, trabaja, espera y vuelve a esperar mientras los problemas se acumulan y las soluciones se anuncian una y otra vez.

Y después aparece el dato que desnuda dónde está buena parte del problema: los partidos políticos son la institución que menos confianza genera entre los uruguayos, con apenas 23%. Gobierno, Congreso y Presidencia tampoco superan el 40%.

La lectura es incómoda, pero necesaria. La ciudadanía no necesariamente está enamorándose del autoritarismo; puede estar desencantándose de una política que promete demasiado y resuelve demasiado poco.

Cuando los políticos convierten la gestión en pelea partidaria, cuando las responsabilidades se trasladan, cuando las explicaciones reemplazan a las soluciones y cuando los problemas de la gente quedan atrapados entre burocracias, negociaciones y cálculos electorales, la democracia empieza a pagar la factura.

Y esa factura puede ser muy cara.

Porque la democracia no vive solamente de elecciones, parlamentos y discursos. Vive de resultados. Si la política quiere recuperar la confianza que está perdiendo, deberá entender que defender la democracia también significa hacer que funcione.