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Las primeras decisiones del gobierno de Yamandu Orsi, en materia económica comienzan a trazar un panorama con claroscuros. Si bien hay avances alentadores en los frentes salarial y monetario, persisten dudas relevantes en el ámbito fiscal. Las señales iniciales permiten proyectar un modelo gradualista, pero con riesgos implícitos si las tensiones fiscales no son abordadas con mayor decisión.

Mejoras salariales en línea con la inflación

En el plano salarial, se observa una coordinación inesperadamente fluida entre los ministerios de Economía y de Trabajo. Las pautas propuestas para los Consejos de Salarios apuntan a un crecimiento ordenado, con aumentos que rondarían el 6% en el primer año y 5,5% en el segundo, en línea con la inflación proyectada por el Banco Central. El esquema incluye mecanismos de “gatillo” por desvíos inflacionarios y mantiene una lógica progresiva, priorizando los incrementos en las franjas salariales más bajas. En términos de justicia distributiva, esta continuidad con políticas anteriores del Frente Amplio marca un rumbo que equilibra desinflación con cierta sensibilidad social.

Política monetaria firme

Desde el Banco Central, la conducción de Guillermo Tolosa ha marcado una postura firme. La política monetaria mantiene su sesgo contractivo, pero con señales de ajuste dinámico: se interrumpió la racha de aumentos en la Tasa de Política Monetaria (TPM), y se redujeron las tasas en las licitaciones de LRM. Esto sugiere una estrategia más flexible, atenta a la caída de las expectativas de inflación y al riesgo de apreciación cambiaria. Tolosa también remarcó la necesidad de evitar un desbalance entre los sectores transables y no transables, apostando a una desinflación más homogénea. Este enfoque técnico y prudente fortalece la credibilidad institucional del BCU.

El frente fiscal con déficit del 4%

El punto más débil del cuadro es el frente fiscal. El déficit proyectado para 2025 es del 4% del PIB, por encima del 3,3% registrado en 2024. Aunque el Ministerio de Economía aclara que parte de este aumento obedece a desfasajes contables —como postergación de gastos y adelantos impositivos—, el ajuste real es muy leve. El gobierno apuesta a una consolidación gradual, lo que implica una suba sostenida de la deuda pública en el corto plazo. Además, si bien se habla de eficiencia en la recaudación y ajustes en beneficios fiscales, no está claro cómo se financiarán las nuevas prioridades presupuestales, en especial en áreas como seguridad y protección social, sin un aumento del gasto estructural.

Las siempre importantes condiciones internacionales

La otra incógnita gira en torno a las condiciones internacionales. Si el escenario global se complica —por shocks externos, guerras o tensiones financieras—, Uruguay podría no contar con el margen de espera que hoy se proyecta. La reputación fiscal del país, aunque sólida, no lo exime de los castigos que aplican los mercados a economías pequeñas en contextos adversos.

En síntesis, el gobierno de Orsi comienza con un enfoque técnico y gradualista. Hay buenas intenciones, y algunas decisiones acertadas. Pero la sostenibilidad de la política económica dependerá, en buena medida, de cómo resuelva el dilema fiscal: contener el déficit sin frenar el crecimiento ni comprometer sus compromisos sociales. La próxima Rendición de Cuentas será clave para saber si el equilibrio prometido es realmente posible.

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