Los senadores Javier García (P.N.) y Andrés Ojeda (P. C.) solicitaron al presidente de la República, Yamandú Orsi, que sancione al prosecretario Jorge Díaz por haber difundido parte de un informe que el gobierno declaró “reservado”.

El reclamo se realizo mediante una carta enviada al mandatario, y es en reacción a un tuit que publicó el exfiscal de Corte ayer, en donde citó algunos pasajes del informe jurídico que realizó la profesora Cristina Vázquez ante una consulta del Poder Ejecutivo antes de resolver la rescisión del contrato con el astillero Cardama.

Parte de informe negado por ser “información reservada”

El informe completo,  solicitado por los senadores mediante un pedido de acceso a la información pública que les fue negado por el Ministerio de Defensa, por ser declarado: "información reservada", con el argumento "de que su divulgación podría afectar la posición estratégica del Uruguay en el litigio en curso con la mencionada empresa".

Por eso García y Ojeda observaron "con sorpresa y preocupación" que el jerarca haya "difundido públicamente, a través de redes sociales, fragmentos parciales" de esa documentación denegada y reservada, lo que a su entender habla de una conducta "institucionalmente inadmisible", de acuerdo a la carta elevada al presidente Orsi. Misiva en la cual sostienen que: "No es compatible con el principio republicano ni con el deber de lealtad institucional que una información sea negada a los representantes del pueblo y, simultáneamente, utilizada de manera fragmentaria y antojadiza por un asesor del Poder Ejecutivo para intervenir en el debate público", escribieron a Orsi los senadores.

Lo dado a conocer en forma publica

Los legisladores, entienen que no pueden desprenderse fragmentos del informe que apunta a que la rescisión no figura como una "recomendación jurídica" de la abogada Vázquez, "sino que se trataría de una mera opción del gobierno". Y eso, a juicio de García y Ojeda, "lejos de proteger los intereses del Estado, puede perjudicar la posición jurídica del Uruguay en el litigio internacional en curso, contradiciendo el fundamento mismo invocado para declarar la reserva de la información".

Una falta administrativa grave

Los senadores en su reclamo, citan la Ley N° 18.381 que apunta a "faltas administrativas graves", sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que también "pudieran corresponder", como aquellas conductas que permitan "el acceso injustificado a información clasificada como reservada o confidencial"; o "la utilización, sustracción, ocultamiento, divulgación o alteración, total o parcial, en forma indebida, de la información que se encuentre bajo custodia del funcionario o a la que se tenga acceso por razones funcionales".  Sumando a esas "hipótesis legales"  sostienen que también violó el artículo 302 del Código Penal, que pena al que "sin justa causa, revelare secretos que hubieran llegado a su conocimiento, en virtud de su profesión, empleo o comisión, será castigado, cuando el hecho causare perjuicio será" con una multa que va de 100 a 600 Unidades Reajustables, recordando además, que el art. 177,  obliga a los funcionarios públicos a denunciar sin demora ante la Justicia "la ejecución de un delito".

Por lo que, entienden que "si la información es verdaderamente reservada por razones estratégicas, entonces no puede ser utilizada públicamente, ni parcial ni selectivamente. Y si puede ser utilizada públicamente, entonces no existió jamás fundamento válido para negarla al Parlamento".

Por lo señalado, los senadores solicitaron que se "aplique inmediatamente la sanción administrativa correspondiente por violar la reserva que el propio Poder Ejecutivo determinó".