La Cámara de Representantes aprobó ayer el envío a Fiscalía de la información recabada en la comisión investigadora  sobre la compra de la estancia María Dolores realizada por el Instituto Nacional de Colonización (INC), por US$ 32,5 millones. 

La decisión salió de una moción que acordaron el Frente Amplio y los partidos de la coalición.

El oficialismo aceptó incluir el envío a Fiscalía, donde ya hay una denuncia penal desde setiembre del año pasado. La oposición, por su parte, retiró el pedido de remoción de los directores del INC. Ninguno de los tres informes en minoría de la comisión investigadora, que funcionaba desde marzo, consiguió los votos. En cambio, se aprobó un texto sustitutivo basado en el acuerdo.

En su informe, los partidos Nacional, Colorado e Independiente, junto a Identidad Soberana, sostuvieron que hubo múltiples y graves violaciones a la Constitución, a las leyes y a los principios éticos. También dijeron tener la sospecha fundada de que algunas conductas pueden ser delito. Según la oposición, la compra respondió a un homenaje partidario al expresidente José Mujica y no a los cometidos del organismo. Para respaldar ese señalamiento, citaron un acta del directorio de mayo de 2025, el mes en que se aprobó la compra. Además, señalaron que cuando se decidió ejercer el derecho de preferencia, el informe técnico exigido no estaba en el expediente. Ese informe se agregó dos días después, con numerosas advertencias, y según la coalición no era el plan de explotación que exige la norma.

Según FA “No hay irregularidades”

El Frente Amplio afirmó que no hay ningún elemento objetivo que pruebe irregularidades, ilicitud ni perjuicio patrimonial. Defendió que la compra fue jurídicamente ajustada, técnicamente fundada, financieramente respaldada y alineada con los objetivos del INC. Sobre el homenaje, explicó que consistió en un minuto de silencio y en adaptar la sesión al duelo, y que la compra no se aprobó como un acto político. En cuanto al informe técnico, atribuyó su incorporación tardía a problemas informáticos por el tamaño de los archivos. Recordó que esa situación quedó registrada en un acta notarial y negó que hubiera omisiones.