Los medicamentos de alto costo son para algunas familias uruguayas  un gran problema y por ende  un tema permanentemente. Pero no lo es, aunque parezca egoísta, porque es lamentablemente real. Porque a la mayor parte de los hijos de esta tierra, el tema no nos moviliza, ni interesa hasta que una enfermedad compleja, que exige una medicación especial, que resulta ser muy costosa, nos afecta personalmente o a un familiar cercano y muy querido, como un hijo, un sobrino o nieto. Ahí, nos desesperamos, la ansiedad, los nervios nos consumen, como es humanamente lógico, y procuramos acceder a una solución lo más rápido posible.

Es cuando se toma conciencia del problema, porque esas enfermedades exigen  medicamentos especiales, que  primero, son difíciles de conseguir y en general de altísimo costo, por lo que para la mayoría de los hijos de este país, quedan fuera de su alcance.Así vemos periódicamente que grupos familiares, acompañados de amigos y vecinos se movilizan organizando rifas, ventas especiales y colectas. La generosidad y solidaridad de nuestra gente  en general se hace presente, pero pese a ese esfuerzo  colectivo inmenso, muchas veces no se llega a cubrir los costos de un tratamiento que casi siempre  además de muy caros, son extensos, por lo que el dinero que  se necesita, casi siempre en dólares, es elevado. Una fortuna para la mayoría de los bolsillos.

Por eso es oportunos, hacer algunas consideraciones que pueden resultar útiles.

Una es la que establece que los Medicamentos de Alto Precio (MAP) son aquellos cuyo precio es igual o superior al 40% del ingreso de un hogar donde existe un usuario que los requiere; la otra, es la que establece que son MAP aquellos cuyo costo directo anual sea superior a un Producto Bruto Interno per cápita. Su costo es tal que provoca un excesivo esfuerzo económico para pacientes, aseguradoras, o para el sistema de salud. 

Conocer estas dos perspectivas, la de los precios y las necesidades sanitarias, no puede hacerse desde una visión pasional, sino que requiere – necesariamente - una mirada racional, técnica, humana y solidaria. Los precios de los medicamentos innovadores, surgen del desarrollo de un laboratorio farmacéutico, con sus procesos de investigación, con su producción exclusiva y la protección de ésta por un período que suelen ser establecidos por la industria, que ademas es propietaria de la patente, al amparo de acuerdos comerciales internacionales.  Por ello, el precio, es frecuentemente exorbitante y en ocasiones abusivo, suele ser el factor desequilibrante en el análisis, por encima de otros atributos fundamentales en un medicamento, como su eficacia, seguridad y conveniencia.

Algunos datos nos llaman a la reflexión. El costo del tratamiento del cáncer en Estados Unidos se ha duplicado, pasando de 100.000 a 200.000 millones de dólares por año entre 2000 y 2024. Sin embargo, la tasa ajustada de mortalidad en las mismas décadas no ha descendido -ni cerca- en iguales proporciones. Por tanto, si bien no se espera una relación lineal entre costo y mortalidad, vale la pena recordar que un medicamento, no por ser más costoso, tendrá mayor impacto en la sobrevida.

Existen medicamentos cuyo impacto es incuestionable, ya que curan enfermedades o cambian la sobrevida de manera significativa y que deberán financiarse. Lamentablemente, no siempre es así. En el área de la oncología se conocen aprobaciones de nuevos medicamentos mediante procesos acelerados con resultados de “variables intermedias” o subrogadas, que finalmente muestran escaso efecto en la sobrevida.

Uruguay cuenta con el Fondo Nacional de Recursos (FNR) que financia los MAP de eficacia probada desde hace más de una década. Lo que en buena medida facilitó con equidad el acceso a los MAP. El problema surge ante la necesidad de un medicamento no incluido en la cobertura, o en que el uso propuesto para ese medicamento no está abarcado en las indicaciones. En estos casos, en los últimos años se ha naturalizado la vía judicial como forma de acceso a los MAP. Este tema requiere una visión de contexto. Un médico inicia el proceso mediante una prescripción, con o sin conflicto de interés. Asimismo, hay que considerar que algunas asociaciones de pacientes están estimuladas por la industria farmacéutica, que incluso financia acciones judiciales. Si bien no es saludable la judicialización de estos procesos, el problema no se resuelve con la limitación de acceso a la Justicia. La acción de amparo es una garantía del cumplimiento de los derechos funda mentales de rango constitucional y es una vía que es lógico utilizar.