Uruguay dio un paso importante hacia la transparencia con la aprobación de una nueva Ley que elimina el derecho al subsidio económico para los políticos condenados por corrupción. Este subsidio, originalmente concebido como un apoyo para la reinserción laboral tras dejar un cargo público, había generado indignación en varios casos recientes donde jerarcas procesados o condenados se seguían beneficiando. La Ley, promulgada en setiembre de 2024, responde a un reclamo ciudadano y a un imperativo ético y moral: por un lado proteger los recursos del Estado, y por otro, igual o más importante, reforzar la confianza de la gente en las instituciones públicas.

En un contexto global y regional donde la lucha contra la corrupción sigue siendo un desafío, esta medida es una señal contundente de que Uruguay no está dispuesto a tolerar privilegios para quienes traicionan la confianza de los ciudadanos.

¿Qué establece esta ley? El texto de la ley introduce cambios significativos en el régimen de subsidios. El derecho al subsidio queda suspendido automáticamente al momento de la formalización del jerarca por delitos contra la administración pública o corrupción. Si la formalización termina en una sentencia condenatoria definitiva, el beneficio se extingue de manera permanente.

Pero no solo eso. La ley también establece que, en caso de condena, el Estado podrá reclamar la devolución de los montos percibidos indebidamente. Esto se hará mediante un procedimiento administrativo que funciona como un título ejecutivo y permite recuperar lo pagado de forma más rápida y eficiente.

El objetivo es claro: impedir que quienes cometan actos de corrupción obtengan beneficios económicos derivados de sus cargos, incluso mientras se desarrollan los procesos judiciales.

El debate en el Parlamento. Durante las sesiones parlamentarias, los legisladores de todos los partidos defendieron la medida como un acto de justicia y transparencia. Se argumentó que el subsidio no debe ser entendido como un privilegio, sino como un derecho para quienes desempeñan su función pública con integridad.

Un punto fuerte del debate fue la importancia de enviar un mensaje claro a la ciudadanía: el Estado no permitirá que los recursos públicos sean utilizados para recompensar a quienes traicionen su responsabilidad. “Esta ley no solo protege los fondos del Estado, sino que también refuerza el vínculo de confianza entre los ciudadanos y las instituciones”, señaló un senador durante la sesión.

Por otro lado, se destacó que esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio por garantizar el buen manejo de los recursos públicos. Se busca cerrar cualquier posibilidad de impunidad y fortalecer los valores democráticos.

Una señal de esperanza. La corrupción no solo afecta los recursos del Estado, sino que también –y principalmente- erosiona la confianza en la democracia y el sistema republicano de gobierno. Medidas como esta son esenciales para reconstruir esa confianza y demostrar que nadie está por encima de la ley. Naides es más que naides.

Esta ley es un paso en la dirección correcta, aunque no el último. Con esta medida, Uruguay reafirma su compromiso con un sistema político ético y transparente. En este país, la corrupción no paga más, literalmente.