En Uruguay, hablar de seguridad suele reducirse a un dato: cuántos presos hay. Como si contar personas privadas de libertad fuera la medida definitiva del orden social. Pero cuando se mira con más detalle, la prisión aparece como el capítulo final de un proceso largo que empieza bastante antes del delito. Hoy, Uruguay tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas de América Latina: unos 445 presos por cada 100.000 habitantes, según estudios del Comisionado Parlamentario. Esa cifra triplica la de principios de siglo: en 2005, había poco más de 5.000 personas presas; hoy, el sistema carcelario supera las 16.000.

Este aumento no se explica únicamente por una mayor criminalidad. También influyen reformas legales más punitivas, el endurecimiento de penas y un uso hasta hace poco frecuente de la prisión preventiva. Informes técnicos del sistema penitenciario advierten que esta medida —legítima— se ha utilizado muchas veces como respuesta automática, contribuyendo al hacinamiento, a la sobrepoblación y a la violencia interna, lo cual termina repercutiendo en el enorme índice de reincidencia.

Estos datos obligan a pensar la seguridad en todas sus dimensiones, considerando las cuatro etapas clásicas de cualquier política penal integral: prevención, represión, reeducación y reinserción. En Uruguay, por cuestiones de urgencia, la segunda ha sido históricamente prioritaria; las otras siguen esperando políticas de Estado sostenidas.

La prevención, la menos visible pero capaz la más importante, no se reduce a presencia policial o cámaras en cada esquina. Implica educación, oportunidades laborales, salud mental, primera infancia, y un largo etcétera. Una investigación reciente que abarcó a más de 1.800 presos en distintas cárceles del país reveló que casi la mitad no domina habilidades básicas de lectura, escritura o cálculo, es decir, son lo que se dice analfabetos funcionales.

A eso se suma que más del 50 % no completó la educación primaria, y apenas un 2 % logró terminar el bachillerato. Son datos duros que muestran cómo la exclusión suele empezar mucho antes del delito.

La represión es la etapa que suele recibir más atención y recursos. Es indispensable, sin dudas. El Estado tiene el deber de actuar ante el delito, proteger a la sociedad y aplicar la Ley. Pero si la represión se vuelve el único punto de batalla, la cárcel termina siendo una herramienta de encierro sin salida.

Eso nos lleva a la tercera etapa: la reeducación. Una de las piezas fundamentales. Esto implica brindar herramientas concretas dentro del sistema: talleres, programas educativos, formación laboral . Hoy, solo 3 de cada 10 personas presas acceden a algún tipo de educación formal dentro del sistema. La oferta sigue siendo insuficiente ante una gran demanda. Y sin educación, no hay herramienta para transformar el futuro.

La última etapa, la reinserción, es probablemente la más frágil. Las personas que recuperan la libertad suelen encontrarse con el mismo entorno de precariedad y desocupación que vivían antes de delinquir. Según cifras oficiales presentadas en el Parlamento, el 65,6 % de las personas liberadas reinciden en un plazo de tres años. Es decir, dos de cada tres vuelven a prisión. Eso debería interpelar no sólo al sistema penal, sino al conjunto de la sociedad.

Estos desafíos no son nuevos, ni exclusivos de una administración. Son cuestiones estructurales que reclaman acuerdos de largo plazo. Hay que entender que una cárcel no puede ser una universidad del delito. O que la justicia no se mide solo en años de condena, sino también en resultados sociales.

La prisión entendemos que debe ser una herramienta, no un destino. Y la seguridad, más que solamente sumar cárceles, lo que debería construir son alternativas. Para eso, hay que mirar un poco más allá de los muros. Y también mirar atrás: mirar esa escuela, esa casa o esa esquina donde alguien dejó de tener opciones. Ahí empieza, o se previene, el delito.