En un país que históricamente se enorgullece de su educación pública, la realidad de los últimos meses muestra una tensión cada vez más evidente: mientras se cierran grupos, se reducen opciones formativas y se recortan recursos esenciales, el Estado sigue destinando cuantiosos fondos para sostener estructuras deficitarias como la Caja Militar o la Caja Profesional. ¿Cómo explicar que en un Uruguay que se promociona como “república de la enseñanza”, la educación sea nuevamente el sector sacrificable?

Los hechos hablan por sí solos. Docentes con grupos superpoblados, carreras que se desmantelan, jóvenes que se quedan sin cupo y centros que deben “hacer más con menos”. A nivel global la crisis docente ya no es una proyección, la UNESCO estima un déficit de 44 millones de docentes necesarios para una educación de calidad universal para 2023, realidad de la que Uruguay no escapa con un déficit de docentes, especialmente en educación media, que el sistema se empeña en cubrir con medidas paliativas sobre los cargos, lo que impacta en el desarrollo óptimo de las propuestas educativas.

Esta situación no solo erosiona la calidad educativa, sino que agrava desigualdades que ya están instaladas. Sin embargo, mientras el sistema educativo se ajusta, otras instituciones —carentes de sostenibilidad y muy alejadas del bienestar colectivo— continúan recibiendo apoyo financiero sin el mismo nivel de discusión pública.

Los estudios muestran que la escasez y la desmotivación docente generan un efecto dominó: aumento de la carga laboral y del agotamiento, duplicación de las tasas de abandono, en un país que ostenta los peores resultados de América Latina, y que recién en 2023 logra que el 51,6% de los jóvenes de 21 a 23 años completara la educación formal obligatoria.

Pero la contradicción más profunda no es solo económica: es simbólica. Porque quienes hoy conducen buena parte de las políticas educativas provienen, en su mayoría, del propio sistema educativo. Son docentes, formadores y académicos que, en teoría, deberían ser los primeros en defenderlo. Sin embargo, una vez instalados en la estructura de poder, parecen adoptar una lógica tecnocrática que prioriza el ordenamiento presupuestal por encima de la defensa histórica de la educación pública. Esa tensión —entre la identidad profesional y la práctica política— merece ser discutida con honestidad.

No se trata de ideología dura ni de etiquetas como “marxista” o “proletaria”. Se trata de algo mucho más básico: coherencia entre el discurso y la acción. Si Uruguay quiere seguir presentándose como un país que apuesta a la igualdad de oportunidades, necesita que sus decisiones reflejen esa promesa. Y eso implica, en primer lugar, dejar de mirar la educación como un gasto ajustable y comenzar a verla como la inversión estratégica que siempre se dijo que era.

Recortar la formación de futuros docentes no es un ahorro, es una inversión negativa. La evidencia internacional indica que reducir las plazas, congelar o recortar contrataciones o salarios, produce escasez de docentes en áreas clave como ciencia, tecnología, matemáticas, aumenta la contratación precaria y eleva los costos futuros de recuperación, en rehabilitar estructuras, formar planteles, revertir abandonos. En suma, la política de ajuste hoy, multiplica el gasto social y económico mañana.

Hoy más que nunca, la sociedad uruguaya tiene el derecho —y la responsabilidad— de exigir explicaciones. ¿Cómo se justifica que la educación retroceda mientras otros sistemas mantienen privilegios históricos? ¿Cómo se explica que quienes deberían defenderla se alineen con políticas que la debilitan? ¿Y, sobre todo, cuánto más puede soportar un sistema que ya está al límite?

Uruguay no puede permitirse perder lo que lo hizo fuerte. La educación pública no solo forma personas: sostiene un país entero. Si seguimos recortando donde más duele, la factura la pagará toda la sociedad, pero especialmente las generaciones que vienen. Aún estamos a tiempo de recuperar el rumbo, pero solo si decidimos mirar de frente las contradicciones y exigir que la educación vuelva a ser prioridad real, no solo un eslogan vacío.

Recortar la formación docente hoy es hipotecar la igualdad de oportunidades de mañana.

(Este trabajo fue presentado por los docentes Mario Sosa y Lea Silva, lo que suscribimos totalmente, más por la calidad técnica y humana de estas personas)