Debo confesar que me preocupa, y mucho, el desconocimiento generalizado que existe sobre a quién competen determinadas funciones en nuestro país. Esa confusión lleva a que las críticas o los elogios terminen en el buzón equivocado, distorsionando el debate público y dando lugar a percepciones erróneas que después son difíciles de revertir. Sin dudas que para ello, las redes sociales son siempre campos fértiles, lamentablemente. En teoría, esto no debería pasar. En nuestras escuelas y liceos existen asignaturas específicas de Formación Ciudadana (aquello que antes llamábamos Educación Social y Cívica, ¿se acuerda?) que enseñan, entre otras cosas, cuáles son las competencias de cada nivel de gobierno. Además, vivimos en una era donde la información está al alcance de un clic: podemos leer noticias, comparar fuentes, preguntar, investigar. Sin embargo, nada de eso parece suficiente para frenar la confusión.

¿Por qué? En parte, creo que hay personas que eligen no saber, porque el desconocimiento les permite mantener intacta su postura crítica o su fervor por determinadas figuras políticas. No se trata solo de ignorancia, sino de la famosa ceguera moral, muchas veces derivada del fanatismo. Y conviene aclarar: no saber no es un pecado. El verdadero problema es no querer saber; porque ahí ya hablamos de necedad, y la necedad es mucho más difícil de corregir.

Daré dos ejemplos que, me parece, explican con claridad todo esto. 1- Hace pocos días, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas resolvió un cambio en la circulación en la zona del By Pass de Avenida Reyles, aquí en Salto. Apenas se anunció, una señora comentó indignada: “Qué mala resolución del Intendente, qué mal empezó su gobierno Albisu”. Hubo que explicarle a la señora, que no era una decisión departamental, sino del Gobierno Nacional. Y entonces ocurrió la magia: al enterarse de que no era obra de Albisu, la medida pasó de mala a buena en cuestión de segundos, en opinión de esta señora. 2- Otro caso: en los últimos meses se ha notado mayor presencia policial en varias zonas de Salto. Un señor, satisfecho, comentó: “Se nota la buena gestión de Albisu, esto es un gran avance en seguridad”. De nuevo, hubo que aclararle a este ciudadano que la medida provenía del Ministerio del Interior, es decir del gobierno Nacional, no de la Intendencia de Salto. La reacción fue igual de reveladora: en cuanto supo que no era mérito de Albisu, la iniciativa le empezó a parecerle mala a este señor.

Sucede que el problema es bastante más profundo. Estos casos (reales) narrados a modo ejemplo, aunque anecdóticos, muestran un fenómeno preocupante: para algunos, la valoración de una política pública no depende de su contenido o de sus resultados, sino de quién la firma. Esa lógica no solo empobrece la discusión política, sino que distorsiona la realidad. Nos convierte en hinchas de tal o cual camiseta, incapaces de reconocer méritos o señalar errores si vienen del “equipo contrario”… ¿Se entiende?

El antídoto, aunque parezca obvio, es informarse mejor. Antes de opinar (ya sea para aplaudir o criticar) conviene verificar quién tomó la decisión, qué busca, y sobre qué competencias actúa. De lo contrario, seguiremos alimentando un debate superficial, basado más en simpatías personales que en hechos.

Como sociedad, nos debemos un compromiso básico: que nuestras opiniones no sean fruto de la desinformación ni del fanatismo, sino del conocimiento y la reflexión. Y para eso, más que Educación Cívica en las aulas, necesitamos civismo en la práctica diaria. Ojalá lo logremos.