Hubo un tiempo —no tan lejano— en que Salto era sinónimo de calma. Una ciudad donde la noche no inspiraba miedo, donde los vecinos se saludaban por su nombre y donde caminar por una plaza al anochecer era un gesto cotidiano, no un acto de valentía. Hoy, basta con leer el parte policial para entender que algo profundo se ha roto. Y no es una sensación subjetiva: es una realidad que golpea todos los días. La violencia se ha vuelto parte del paisaje. Heridos de arma blanca, enfrentamientos entre grupos, persecuciones, robos y ajustes de cuentas aparecen casi a diario en las noticias. Ya no se trata de hechos aislados, sino de una dinámica que se repite con inquietante frecuencia. Y lo peor es que se está normalizando. Lo que antes nos horrorizaba, hoy apenas nos sorprende.

Muchos señalan a la droga como el principal origen del problema. Y, sin duda, puede que así sea. Pero no únicamente porque los delitos se cometan bajo los efectos de sustancias, sino porque detrás de cada herido y de cada pelea hay una estructura mucho más peligrosa: el control de territorios. Las “barritas” no se enfrentan por casualidad. Se disputan espacios, bocas de venta, zonas de influencia. Es una lógica de narco que hace años veíamos en series o películas extranjeras, luego en los noticieros de Montevideo o Buenos Aires, y que hoy se instaló en nuestras propias cuadras.

Ese traslado de la violencia organizada al interior del país es una de las señales más alarmantes. Porque Salto no está solo en esto. Belén, Constitución, Pueblo Lavalleja y otras localidades del departamento también sienten que algo cambió. Lugares donde todos se conocían y donde el conflicto parecía ajeno hoy viven con la misma inquietud: robos, amenazas, peleas y consumo problemático de drogas que destruye familias enteras.

Cuando el actual gobierno nacional asumió, muchos quedaron impactados al escuchar al entonces ministro del Interior afirmar que la lucha contra el gran narcotráfico estaba prácticamente perdida. Algunos lo tomaron como un gesto de brutal honestidad; otros, como una rendición inadmisible. Sea como sea, esa frase quedó flotando como una sombra. Y en ciudades como Salto, a veces parece confirmarse: la delincuencia se mueve con una impunidad que desborda cualquier respuesta estatal.

Por supuesto, la seguridad es competencia directa de la Policía. Nadie discute eso. Pero tampoco puede ser el único actor. El gobierno departamental no puede mirar para otro lado. Hay herramientas que, sin ser policiales, inciden directamente en la prevención del delito: una buena iluminación en calles y callejones, plazas cuidadas, presencia de serenos, espacios públicos activos, barrios que no queden abandonados a su suerte cuando cae el sol. El abandono urbano es el mejor aliado de la violencia.

La inseguridad no es solo una estadística: es el miedo que se instala en la rutina. Padres que no dejan salir a sus hijos, comerciantes que cierran antes, vecinos que ya no se sientan en la vereda. Una ciudad con miedo es una ciudad que se achica, que se apaga, que pierde su alma.

La gran pregunta es cómo llegamos hasta aquí. No fue de un día para otro. Fue una suma de decisiones mal tomadas, de problemas no atendidos, de pobreza estructural, de falta de oportunidades y de una expansión del narcotráfico que encontró terreno fértil. Y la otra pregunta, la más angustiante, es hasta cuándo.

Salto necesita cambios, y los necesita ya. No solo más patrulleros, sino una estrategia integral que ataque las raíces del problema. Porque la ciudad que fuimos —la de puertas abiertas y noches tranquilas— no puede ser solo un recuerdo. Debe ser un objetivo. Y para eso hace falta voluntad política, compromiso social y una ciudadanía que no se resigne a vivir con miedo.