La llegada de Yamandú Orsi a la Presidencia de la República junto a su Ministro de Economía, Gabriel Oddone, ha dejado en evidencia una decisión que ha tomado por sorpresa a muchos de sus seguidores: la continuidad de la línea económica del gobierno anterior, liderado por Luis Lacalle Pou.  A pesar de las críticas vertidas durante la campaña electoral, el nuevo gobierno ha optado por mantener bajo control la flotación del dólar y continuar vinculando el índice de inflación a los ajustes salariales y jubilatorios.

Esta decisión, al menos en el primer año de mandato, supone dejar de lado la indexación de los salarios, un aspecto clave en la defensa de los ingresos de los trabajadores que el Frente Amplio había promovido en administraciones anteriores.  La postura adoptada, más allá del debate político, refleja un pragmatismo económico que, lejos de responder a promesas electorales o ideológicas, reconoce los límites y desafíos reales que enfrenta el país.

Este giro inesperado genera inevitablemente un cuestionamiento en la militancia del Frente Amplio. Durante la campaña, la política económica del gobierno de Lacalle Pou fue objeto de fuertes críticas por parte de diversos sectores del ahora partido gobernante. Sin embargo, una vez en el poder, la realidad económica ha impuesto su peso, obligando a una reconsideración de las estrategias y la adopción de una continuidad que algunos podían haber considerado impensable.

¿Qué ha pasado? Quizás la respuesta radique en la toma de conciencia de que la economía posible para Uruguay es aquella que implementó la administración anterior. En lugar de aventurarse en experimentos populistas que, si bien fueron útiles para captar votos, podrían haber puesto en riesgo la estabilidad del país, el nuevo gobierno ha optado por un camino de responsabilidad y moderación.

Figuras clave del gobierno, como el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, o el Ministro de Trabajo, Juan Castillo, entre otros, han sido notorios críticos con la estrategia económica del gobierno anterior. Sin embargo, hoy se encuentran gestionando bajo las mismas, antes criticadas y cuestionadas politicas económicas.

Este contraste entre el discurso político y la acción de gobierno refleja la distancia casi siempre existente, entre la teoría y la práctica, entre las aspiraciones partidarias y la gestión concreta de un país con limitaciones estructurales y condiciones económicas internacionales que no pueden ignorarse.

El gran desafío para el Frente Amplio será cómo justificar esta continuidad ante su base de apoyo. Los sectores más ideologizados podrán ver en esta decisión una claudicación de principios, mientras que otros podrán interpretarlo como un acto de madurez política. En cualquier caso, el gobierno de Orsi deberá demostrar que esta continuidad no es simplemente una inercia política, sino una estrategia deliberada para garantizar estabilidad y crecimiento en un contexto global desafiante.

Si bien es pronto para evaluar los resultados de esta decisión, lo cierto es que la economía no se rige por discursos de campaña, sino por realidades tangibles. El tiempo dirá si esta continuidad es beneficiosa para el país o si, por el contrario, el Frente Amplio se verá obligado a hacer ajustes para responder a las expectativas de quienes lo llevaron al poder.