La democracia no se erosiona de un día para otro. No hay una fecha precisa ni un acto formal que marque su deterioro. Su desgaste es lento, casi imperceptible, y muchas veces ocurre en silencio. Se produce cuando la ciudadanía deja de cuestionar, cuando los límites al poder dejan de discutirse y cuando se naturaliza una idea peligrosa: que la voluntad política puede colocarse por encima del marco jurídico que sostiene la convivencia democrática.

Esa concepción —expresada y practicada en más de una ocasión por Pepe Mujica — según la cual “lo político está por encima de lo jurídico”, no solo relativiza el Estado de Derecho, sino que erosiona una de las bases esenciales de la democracia: el respeto a las reglas, incluso cuando resultan incómodas. Porque gobernar no es hacer lo que se quiere, sino actuar dentro de los límites que la ley y la Constitución establecen.

Resulta preocupante que, desde el partido de gobierno —sea cual sea— se entienda que ganar una elección habilita a imponer decisiones sin debate, sin negociación y, en ocasiones, ninguneando deliberadamente a la oposición. La lógica de “ganamos, hacemos” empobrece la democracia y convierte a las mayorías circunstanciales en herramientas de imposición, no de construcción colectiva.

En ese mismo sentido, tampoco puede aceptarse que sindicatos u organizaciones autodenominadas “sociales” pretendan ejercer un poder de veto o cogobierno sin haber recibido aval alguno de la ciudadanía. Su rol es legítimo como actores sociales, como expresiones de intereses sectoriales, pero no como sustitutos de la voluntad popular expresada en las urnas. Nadie les otorgó ese privilegio, y confundir representación social con legitimidad democrática es un error grave.

A esta lógica se suma otro fenómeno inquietante: la descalificación sistemática de la crítica. Cada vez con mayor liviandad, cualquier cuestionamiento es rotulado como “fascismo”, un término utilizado más como insulto que como concepto. Lo paradójico es que, en los hechos, comportamientos autoritarios pueden encontrarse tanto en la izquierda como en la derecha. Cuando se cancela el disenso, cuando se intenta silenciar al que piensa distinto, se está más cerca de prácticas fascistas que de una democracia sana, sin importar el color ideológico.

No se trata, como a veces se dice con comodidad, de que “la gente esté dormida”. Esa explicación es simple, falsamente tranquilizadora. La sociedad no se duerme: aprende. Aprende que reaccionar tiene costos, que cuestionar expone, que disentir puede traer consecuencias. Bajo regímenes autoritarios, como fue el de Maduro y aparentemente se perpetua en sus herederos, se vuelve extremo. Pero incluso en democracias formales, el mensaje implícito puede ser el mismo: callar parece más seguro que alzar la voz. Y en ese silencio aprendido, el ejercicio real de la ciudadanía se va vaciando.

Defender los límites al poder del Estado no es una postura ideológica: es una condición básica de cualquier república democrática. El Estado de Derecho no existe para proteger a los “buenos ciudadanos”, sino para prevenir abusos, errores y arbitrariedades, incluso —y sobre todo— cuando las decisiones se toman invocando “buenas intenciones” .

Un ejemplo claro de este desprecio por la voluntad popular es la actitud repetida, frente a los plebiscitos. Podrán discutirse su justicia o conveniencia, pero si es refrendada por la ciudadanía, se  debería respetar, como lo marca el espíritu de la norma constitucional que los permite. Por ello, no hay espacio alguno para refrendarla. Sin embargo, mediante una “ley interpretativa”, se dejo sin efecto la Ley de Caducidad y  tras el fracaso de los cuestionadores ahora se apunta contra la Luc y la reforma del sistema previsional, aprobada por ese republicano y mas que democrático sistema, en período anterior.

Nosotros entendemos y sostenemos, que esos son inaceptables desbordes de poder y lo peor, es que se los presenta como incuestionable, como si reclamar verdadera igualdad y justicia, equivale a traicionar y ponerse del “lado equivocado”. El poder que avanza sin resistencia no se detiene solo. Y una sociedad que renuncia a cuestionar, tarde o temprano, renuncia también a decidir y a su real libertad.-