Con la llegada del Frente Amplio al poder en marzo, el discurso político está impregnado de objetivos ambiciosos: redistribución del ingreso con mayor equidad y la necesidad de un crecimiento económico sostenido para financiar políticas públicas. Sin embargo, estas metas, aunque loables, presentan tensiones que no son fáciles de resolver en la práctica.

La redistribución del ingreso es fundamental en un país donde persisten importantes desigualdades sociales. Pero como bien advierte la historia, lograrlo no puede depender solo de aumentos en los impuestos. Uruguay ya cuenta con una carga fiscal alta, especialmente sobre el capital y los ingresos. Incrementar estos gravámenes puede desincentivar la inversión y, en consecuencia, afectar la generación de empleo y riqueza.

El crecimiento económico es esencial para que el Estado recaude más y  así lograr la sostenibilidad fiscal. Si el país no crece, las políticas redistributivas pierden sustento y se corre el riesgo de perpetuar las desigualdades que se busca erradicar. Sin embargo, satisfacer las crecientes demandas presupuestales de distintos ministerios podría presionar al gobierno a recurrir a nuevos impuestos, algo que podría contradecir la narrativa oficial de evitar estas medidas.

Pensar en alternativas como limitar exoneraciones a las inversiones o imponer impuestos diferenciados a los pagos de salud no parece viable sin generar consecuencias negativas. El sistema de salud ya tiene un esquema redistributivo basado en ingresos mediante el Fonasa, y alterar esta estructura podría impactar en la equidad percibida por los ciudadanos.

El verdadero problema radica en el bajo nivel del capital humano en una parte significativa de la población, un lastre que responde a décadas de políticas públicas insuficientes. Por ello, el desafío no está solo en redistribuir el ingreso, sino en garantizar que las personas menos favorecidas puedan desarrollar sus capacidades y participar plenamente en la generación de riqueza.

El camino es claro, aunque largo: fomentar la inversión privada, mejorar la calidad educativa, y redirigir los recursos estatales hacia políticas que realmente impulsen el desarrollo del capital humano. Evitar soluciones simplistas, como aumentar impuestos o reducir la jornada laboral sin un incremento paralelo en la productividad, es crucial para no hipotecar el futuro económico del país.

Lograr un ansiado equilibrio, enfrenta un reto histórico. El éxito del nuevo gobierno dependerá de su capacidad para encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico y la redistribución justa, construyendo una sociedad más equitativa sin sacrificar la sostenibilidad. El desafío es enorme, pero la recompensa será un país con más oportunidades para todos.