Después del “éxito” del SUNCA, la receta sindical parece sencilla: trabajar menos, cobrar lo mismo y garantizar que alguien pague la diferencia. El nuevo capítulo se escribe en el puerto de Montevideo, especialmente en Terminal Cuenca del Plata. El conflicto, que había entrado en una tregua, vuelve a calentarse. Y entre las reivindicaciones aparece nuevamente la reducción de la jornada sin pérdida salarial, además de un reclamo para llevar de 13 a 25 los jornales mensuales garantizados. Es decir: trabajar menos y cobrar igual, incluso cuando no haya trabajo. Maravilloso negocio. Para el trabajador, naturalmente. Alguien debería explicar quién paga semejante fiesta.

El argumento sindical es que, si el SUNCA logró reducir la jornada sin reducción salarial, entonces los demás sectores tienen derecho a reclamar lo mismo. Una suerte de “efecto dominó” en el que cada convenio colectivo se convierte en precedente universal y cada conquista de un gremio pasa automáticamente a ser el nuevo piso de todos los demás.

El problema es que la economía no funciona con fotocopias. Lo que puede ser absorbido —o eventualmente no— por una determinada actividad, bajo determinadas condiciones, no puede trasladarse mecánicamente a otra. Una obra en construcción no es un puerto. Tampoco lo es una oficina y una empresa que compite internacionalmente no puede manejarse como si estuviera aislada del mundo.

Pero esa diferencia parece importar poco cuando se instala la lógica de que todo reclamo es justo simplemente porque otro ya consiguió algo parecido. Y aquí aparece el verdadero problema: la productividad desapareció del debate.

Nadie parece demasiado preocupado por discutir cuánto más se produce por hora, cómo se compensa la reducción de tiempo trabajado, qué inversiones deben realizarse o qué mejoras tecnológicas pueden permitir salarios mayores. La discusión se reduce a una consigna mucho más cómoda: menos trabajo por el mismo dinero. Queda una pequeña dificultad: el dinero no aparece por generación espontánea.

Lo paga la empresa. Lo paga el usuario. Lo paga el consumidor. Lo paga el exportador. Lo paga el importador. Lo paga la competitividad del puerto. En definitiva, lo termina pagando el país. El puerto de Montevideo no es un escenario menor. Es una de las principales puertas de entrada y salida del comercio exterior uruguayo. Cuando se paraliza, no se está perjudicando solamente a la empresa contra la cual se protesta. Se afecta una cadena completa de actividades. Camiones esperando. Cargas demoradas. Operadores calculando pérdidas. Empresas que deben reprogramar operaciones. Costos logísticos que aumentan. Mientras tanto, Uruguay pretende venderse al mundo como un país serio, confiable y previsible.

Hay algo que no termina de cerrar. Porque resulta bastante difícil convencer a un inversor de que Uruguay es una plataforma logística confiable cuando cada negociación laboral puede terminar con el puerto detenido. Y aquí también corresponde mirar al gobierno.

El Ministerio de Trabajo puede convocar reuniones, instalar mesas y pedir paciencia. Pero si su papel termina siendo simplemente administrar conflictos después de que estallan, estará llegando siempre tarde. La política laboral no puede consistir en correr detrás de cada paro para intentar apagar el incendio.

Tampoco puede transformarse en una competencia para ver qué sindicato consigue primero el mismo beneficio que obtuvo el anterior. Porque si esa es la nueva regla, habrá que prepararse. Primero fueron 40 horas. Después vendrán las 38. Luego las 36. Probablemente alguien terminará descubriendo que lo ideal es trabajar 20, cobrar 44 y considerar la productividad un concepto neoliberal.

La caricatura puede parecer exagerada. El problema es que la dirección del camino ya está bastante clara.

Y todo indica que así vamos directo a ser un país fracasado, sin futuro y dominado por ignorantes, que no entienden la economía, lo que es el mercado del trabajo.  Con un gobierno timorato, cobarde que no se anima a nada. No enfrenta ni soluciona los problemas, volviendo así, cómplice de quienes para nada quieren al país. Así estamos en seguridad y ahora en materia laboral. El gobierno debe disponer la escencialidad ya. O dejara que nos empujen al abismo. Así de simple, así de doloroso.