Las recientes declaraciones del presidente Orsi sobre la situación financiera de Ancap encendieron un nuevo foco de discusión pública. Al hablar de una “deuda nefasta” de 255 millones de dólares y describir como “complicado” el estado de la empresa, Orsi abrió la puerta a cuestionamientos políticos y técnicos sobre la gestión anterior. Sin embargo, los dichos del ex vicepresidente de Ancap, Diego Durand, permiten matizar —y en algunos aspectos contradecir— ese diagnóstico.

Según Durand, al 1º de marzo de 2020 Ancap acumulaba una deuda de 360 millones de dólares, lo que implica que la deuda actual es, en realidad, inferior en unos 110 millones. Además, afirmó que se entregó a la actual administración una “caja” con 159 millones de dólares, lo que demostraría una situación de liquidez favorable. Para el ex jerarca, la gestión no solo fue responsable, sino exitosa, acumulando un superávit de 223 millones de dólares en los últimos cinco años.

Estos datos, respaldados por documentos contables de la propia empresa, invitan a ver más allá de las declaraciones presidenciales. Si bien es cierto que en 2024 Ancap cerró con pérdidas —algo que el propio Durand no niega—, este resultado responde en gran medida a la parada prolongada de la refinería, una operación planificada y necesaria, que implicó costos excepcionales. En otras palabras, se trataría de una “fotografía” puntual dentro de una película más larga con desenlace favorable.

El ex jerarca, también subrayó que, durante su gestión, se logró reducir la tasa de interés de la deuda, al pasar, parte de ella, a moneda nacional, y mantener precios de combustibles por debajo de los valores internacionales —algo que, además de implicar un esfuerzo financiero, fue un alivio para consumidores y sectores productivos.

En cuanto al polémico sector del portland, Durand reconoce que representa un desafío histórico. Las pérdidas se multiplicaron, sí, pero también es cierto que desde hace décadas no se invierte sustancialmente en esa área. La administración anterior buscó soluciones mediante asociaciones público-privadas que, según explica, no prosperaron por falta de respaldo político. Es, claramente, un terreno donde los gobiernos han fallado de manera sistemática, y el problema trasciende a un solo período de gestión.

Las declaraciones de Durand no sólo defienden su administración; también interpelan el tono con el que el nuevo gobierno está marcando el rumbo. ¿Estamos frente a un verdadero problema estructural que exige un viraje profundo en Ancap? ¿O se trata de una estrategia de comunicación para instalar un relato crítico y justificar futuras reformas o ajustes fiscales?

Ambas miradas pueden tener razón en parte. Es evidente que la situación de Ancap no es simple, y que el resultado negativo de 2024 preocupa. Pero también parece claro que no se puede ignorar el desempeño global de los últimos años, en los que la empresa mejoró algunos de sus indicadores clave. Tampoco la pésima y costosa gestión de Raúl Sendic, al frente de la principal empresa estatal, a la cual, recordemos, se debió recapitalizar con 900 millones de dólares.

En este contexto, es fundamental que la discusión sobre Ancap se base en datos objetivos y no en diagnósticos de conveniencia política. Las empresas públicas son de todos los uruguayos, y merecen ser evaluadas con seriedad, sin caer en relatos simplistas que, lejos de contribuir, alimentan la desconfianza.

La ciudadanía espera respuestas, no sólo diagnósticos. Si hay un problema, que se explique con claridad. Si hay una herencia compleja, que se detalle con transparencia. Pero si también hubo logros, que se reconozcan sin mezquindades. Solo así será posible construir políticas públicas sostenibles, alejadas de la lógica del péndulo y del eterno borrón y cuenta nueva. Ancap necesita futuro, más que culpables.