El PIT-CNT impulsa una bandera políticamente atractiva, pero económicamente peligrosa: reducir la jornada laboral sin que Uruguay haya conseguido aumentar su productividad. La cuenta, tarde o temprano, alguien tendrá que pagarla.El problema es que una economía no funciona con consignas. Funciona con producción, inversión, productividad, salarios y empleo. Y cuando alguien pretende alterar una de esas variables por decisión política o presión sindical, las demás reaccionan.

El acuerdo alcanzado en la construcción para llevar progresivamente la jornada semanal de 44 a 40 horas, acompañado por un aumento salarial de 5,2% retroactivo, debería ser mirado con mucha más atención de la que está recibiendo. No es simplemente una conquista sindical. Es un precedente que puede terminar afectando a toda la economía uruguaya. Porque si se instala la idea de que trabajar menos horas y cobrar lo mismo es siempre un avance social, habrá que explicar algo elemental: ¿quién produce lo que deja de producirse?

La respuesta sindical suele ser que la productividad debe aumentar. Correcto. Pero entonces aparece la segunda pregunta, bastante más incómoda: ¿cómo? La productividad no aumenta porque lo decida una mesa de negociación colectiva. Aumenta cuando una empresa invierte, incorpora tecnología, mejora procesos, capacita trabajadores, automatiza tareas y asume riesgos. La inteligencia artificial no aparece por voluntad sindical. Una máquina nueva no se compra con una proclama. Un sistema de producción más eficiente requiere capital. Y ese capital tiene dueño.

Por eso resulta llamativo que desde el PIT-CNT se reclame con tanta facilidad una reducción de la jornada, pero se hable mucho menos de las condiciones necesarias para que las empresas puedan financiar el salto de productividad que esa reducción exige. Primero habría que producir más. Después, repartir mejor ese crecimiento. Y recién entonces discutir cuánto tiempo necesitamos para producirlo. Aquí se pretende hacer exactamente lo contrario.

Tenemos una economía cara, costos laborales elevados, una presión fiscal importante y una productividad que en los últimos años no ha acompañado las necesidades del país. Mientras otras economías consiguieron reducir jornadas porque previamente aumentaron fuertemente su productividad, Uruguay pretende empezar por el final. Es como querer repartir una torta más grande sin haberla hecho crecer.

El riesgo no es teórico. Experiencias internacionales muestran que una reducción de la jornada sin aumento suficiente de productividad puede tener consecuencias sobre el empleo. Un estudio del Banco Central de Chile sobre la reducción de la jornada sin pérdida salarial encontró efectos negativos en el mercado laboral. Es una advertencia que debería ser escuchada y no descartada simplemente porque contradice el relato sindical.

Porque el problema no termina en las grandes empresas. En Uruguay la mayoría son  pequeñas y medianas empresas que no cuentan con el músculo financiero de una multinacional ni con la capacidad de absorber aumentos permanentes de costos. Y las empresas del interior conocen todavía mejor esa realidad.

La negociación colectiva por rama tiene, además, una característica que debería ser revisada: pretende aplicar reglas similares a realidades completamente diferentes. Una empresa de Montevideo, altamente tecnificada y con mercados importantes, no tiene necesariamente la misma productividad ni capacidad económica que una pequeña empresa del interior. Sin embargo, ambas reciben el mismo mandato.

Y cuando los costos aumentan, la teoría dice que paga el empresario. La realidad demuestra otra cosa. Paga el consumidor con precios más altos. Paga el Estado con subsidios. Paga la empresa cuando deja de invertir. Y paga el trabajador cuando la empresa decide no contratar, reduce personal o desaparece. La historia económica está llena de buenas intenciones que terminaron produciendo malos resultados.

El PIT-CNT debería asumir que defender al trabajador también significa defender su puesto de trabajo. Y que no existe peor conquista salarial que aquella que termina haciendo inviable a la empresa que paga ese salario.

Porque reducir la jornada puede ser una meta perfectamente razonable para una sociedad que se vuelve más rica y productiva. Lo que resulta irresponsable es pretender imponerla sobre una economía que todavía necesita desesperadamente generar empleo, atraer inversiones y aumentar su productividad.