Hay que reconocer que nuestros gobernantes tienen una particular habilidad para encontrar soluciones a los problemas que ellos mismos crearon. Ahora aparece una nueva fórmula para “ayudar” a los sectores productivos y a los servicios logísticos: aliviar la carga impositiva del gasoil y trasladarla al precio de la nafta. ¡Magnífico!  El productor paga menos por un lado y el automovilista paga más por el otro. El transportista recibe un alivio y la familia que necesita su automóvil para trabajar, llevar a sus hijos, trasladarse o simplemente vivir, recibe la factura. Todo perfectamente equilibrado. Porque, naturalmente, el problema no es cuánto recauda el Estado. El problema es de qué combustible se cobra.

Es la vieja receta de siempre, presentada con un envoltorio nuevo: sacar dinero de un bolsillo para ponerlo en otro y después anunciar que se encontró una solución. En cualquier almacén de barrio eso se llamaría cambiar la plata de bolsillo. En la administración pública parece llamarse política tributaria. 

El problema es que la nafta ya está demasiado cargada de impuestos. Tenemos uno de los precios más elevados de América Latina y las comparaciones internacionales ubican al país incluso en niveles superiores a buena parte del mundo. Y no es por casualidad. Sobre el combustible se acumula una verdadera arquitectura tributaria y parafiscal. En el precio final aparecen impuestos, tasas y otros componentes que terminan convirtiendo al surtidor en una formidable caja de recaudación. De manera que ahora, para “ayudar” a quienes producen y transportan, la brillante idea consiste en meter todavía más presión sobre quienes cargan nafta. Es difícil imaginar una demostración más clara de cómo se evita discutir el problema de fondo.

Porque si el gasoil es demasiado caro para producir, transportar y trabajar, habrá que preguntarse por qué es demasiado caro. Y si la respuesta está, en buena medida, en la carga tributaria, entonces habrá que discutir esa carga tributaria. No trasladarla. No disfrazarla. No cambiarla de combustible. Reducirla. Pero esa palabra parece haberse convertido en una especie de término prohibido cuando se habla de recaudación. Es más: si se pretende mejorar la competitividad de la producción nacional, resulta bastante difícil explicar cómo se consigue encareciendo uno de los insumos básicos de la actividad cotidiana. Pero aquí aparece otra vieja costumbre uruguaya: cuando no se quiere enfrentar el problema, se lo cambia de lugar.

El déficit cambia de nombre. El impuesto cambia de combustible. El costo cambia de bolsillo. Y después se anuncia que se hizo una reforma. Lo que no cambia es la factura que paga el ciudadano. Hay algo todavía más preocupante. Durante años se ha repetido que Uruguay necesita producir más, exportar más, ser competitivo, reducir costos y generar empleo. Todo eso es cierto. Pero la competitividad no se construye con discursos. Se construye bajando costos reales. Y los combustibles son uno de ellos. 

Por eso, si de verdad existe voluntad de ayudar a la producción, el debate debería ser mucho más incómodo: ¿por qué el Estado necesita cobrar semejante cantidad de impuestos sobre los combustibles? Pregunta que nadie parece querer considerar o contestar. Porque mientras se discute si el impuesto debe estar en el gasoil o en la nafta, el contribuyente sigue pagando. Y cuando el contribuyente paga, el Estado cobra. Así de sencillo. No hace falta inventar demasiadas fórmulas. Si se quiere aliviar al que produce, hay que cobrarle menos. No cobrarle lo mismo con otro nombre, en otro surtidor y por otra ventanilla. Lo demás es maquillaje fiscal. Es desvestir a un santo para vestir a otro. Y pretender que nadie se dé cuenta.