La transición política es un momento clave para observar las intenciones y las prioridades del futuro gobierno, pero también para evaluar la coherencia entre lo prometido y lo que se vislumbra en las primeras decisiones. En este contexto, surgen preguntas legítimas: ¿Se implementarán cambios profundos o, en la práctica, predominará la continuación de las políticas actuales?

Uno de los puntos que genera más interrogantes es la postura del futuro ministro de Economía y Finanzas frente a ciertas propuestas, como el IVA personalizado. Este instrumento, que busca una mayor equidad fiscal, parece no contar con su simpatía. La duda que surge es si se trata de una falta de afinidad técnica con la propuesta o si responde a una visión más amplia de continuidad en la estructura fiscal del país. Mientras tanto, otros anuncios también generan expectativas encontradas y, en algunos casos, contradicciones con el pasado reciente.

Un caso emblemático es el de la futura ministra de Obras Públicas, quien ha sugerido la posibilidad de renegociar el acuerdo del puerto con Katoen Natie. Sin embargo, esto choca con antecedentes conocidos. Recordemos que Gabriel Oddone, economista que en su momento respaldó la negociación entre el Estado uruguayo y esta empresa privada, avaló dicho acuerdo con su firma en calidad de consultor. Su postura, basada en un análisis detallado, contribuyó a legitimar las condiciones de exclusividad que hoy se cuestionan. ¿Qué es lo que realmente se busca renegociar? ¿Se trata de una necesidad genuina de revisar los términos o de un gesto político para marcar distancia? Estas inconsistencias generan incertidumbre y siembran dudas sobre la dirección que tomará el gobierno en materia de infraestructura.

Por otro lado, el nombramiento de Álvaro García como presidente del Banco República (BROU) ha sido recibido con cierta tranquilidad. Su experiencia y trayectoria parecen garantizar una gestión seria y responsable. No obstante, resulta llamativo que él mismo haya anunciado que mantendrá algunos equipos internos y seguirá una línea similar a la actual. Esto plantea la cuestión de hasta qué punto este gobierno realmente implementará los cambios estructurales que algunos sectores han reclamado o si, como pareciera, se limitará a ajustes menores.

En este escenario, resurge la famosa frase atribuida a "El Gatopardo" de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “Si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie”. Tal vez esta sea la verdadera estrategia del nuevo gobierno: introducir modificaciones superficiales que refuercen la sensación de cambio sin alterar sustancialmente el rumbo del país. Y quizá eso no sea algo negativo, considerando que Uruguay ostenta indicadores económicos y sociales envidiables en la región.

La cuestión de fondo es si el cambio por el cambio mismo es necesario o si, por el contrario, es más prudente preservar aquello que está funcionando bien. En un país donde los niveles de estabilidad son destacados, las reformas profundas podrían generar incertidumbre innecesaria. Por eso, es razonable preguntarse: ¿Qué aspectos necesitan realmente un giro radical y cuáles pueden beneficiarse de una continuación gradual y ajustada?

El tiempo será el mejor juez para evaluar estas decisiones. Por ahora, lo que queda claro es que el equilibrio entre cambio y continuismo será el eje sobre el cual se defina el futuro del país. Lo importante es que las decisiones sean transparentes y estén guiadas por el interés común, más allá de discursos o promesas que puedan sonar vacías. Así, Uruguay podrá seguir construyendo sobre sus fortalezas sin perder de vista los desafíos que aún quedan por resolver.