La reducción de la jornada laboral vuelve a instalarse en el centro del debate público uruguayo. Impulsada desde hace años por el PIT-CNT y retomada con fuerza por los sindicatos del sector industrial, la propuesta plantea disminuir la carga horaria semanal sin afectar el salario de los trabajadores. La idea, presentada como una conquista social acorde a los nuevos tiempos, despierta simpatías en algunos sectores, pero también una firme oposición del empresariado, que advierte sobre sus consecuencias económicas.

El problema es que, más allá de las consignas y de los discursos, la discusión debería partir de una pregunta tan sencilla como determinante: ¿puede Uruguay darse el lujo de producir menos horas pagando exactamente lo mismo?

Desde el punto de vista empresarial, la respuesta es negativa. Reducir la jornada de 48 a 40 horas semanales manteniendo el salario implica, en los hechos, un incremento del costo laboral cercano al 20% o 25%, según el régimen de cada actividad. No se trata simplemente de trabajar menos; significa pagar más por cada hora efectivamente trabajada. Ese mayor costo terminaría trasladándose inevitablemente al precio de los bienes y servicios o reduciendo los márgenes de rentabilidad de empresas que, en muchos casos, ya enfrentan importantes dificultades para competir.

Uruguay no desarrolla su actividad económica en un escenario aislado. Sus industrias deben competir con productos provenientes de países donde los costos laborales son considerablemente menores y donde, en muchos casos, la productividad es sensiblemente superior. En ese contexto, encarecer artificialmente el costo de producción supone perder competitividad, reducir inversiones y, paradójicamente, poner en riesgo el empleo que precisamente se pretende proteger.

Los promotores de la reducción horaria sostienen que trabajar menos puede traducirse en trabajadores más descansados, motivados y eficientes, elevando así la productividad. Esa hipótesis ha encontrado respaldo en algunas experiencias internacionales. Sin embargo, esos casos responden a economías altamente desarrolladas, con elevados niveles de automatización, innovación tecnológica y organización empresarial. Pretender trasladar mecánicamente esas experiencias a la realidad uruguaya constituye, cuanto menos, un ejercicio de optimismo excesivo.

La productividad no aumenta por decreto ni por una ley aprobada en el Parlamento. Es el resultado de inversiones, incorporación de tecnología, capacitación permanente, innovación y mejores procesos de gestión. Ninguno de esos factores aparece garantizado por una simple reducción de la jornada laboral.

Más aún, Uruguay arrastra desde hace años problemas estructurales de competitividad. Los elevados costos logísticos, la presión tributaria, el precio de la energía, las cargas sociales y una burocracia que muchas veces desalienta la inversión conforman un escenario complejo para el sector productivo. Incorporar un nuevo incremento en los costos laborales sin mejoras equivalentes en la productividad solo agravaría esa realidad.

Naturalmente, ello no significa desconocer que el mundo del trabajo está cambiando. La digitalización, la inteligencia artificial y la automatización obligarán a repensar las formas tradicionales de organización laboral. También es legítimo aspirar a una mejor conciliación entre la vida laboral y familiar. Pero esos cambios deben producirse sobre bases económicas sólidas y no mediante decisiones que ignoren las limitaciones de la realidad productiva nacional.

Las reformas laborales exitosas no nacen de consignas ni de imposiciones ideológicas. Surgen del diálogo, de acuerdos sectoriales y, sobre todo, de incrementos genuinos de productividad que permitan distribuir los beneficios sin comprometer la viabilidad de las empresas.

Uruguay necesita discutir seriamente cómo generar más riqueza antes de debatir cómo repartirla. Porque ningún país mejora el bienestar de sus trabajadores debilitando a quienes generan inversión, empleo y producción. La reducción de la jornada laboral podrá ser una meta deseable para el futuro, pero convertirla hoy en una obligación generalizada corre el riesgo de transformarse en un remedio más costoso que la enfermedad. Antes de trabajar menos, el desafío sigue siendo producir más y mejor. Solo así será posible mejorar los salarios y las condiciones laborales de manera sostenible, sin hipotecar la competitividad de un país que depende, cada vez más, de su capacidad para competir en un mercado global exigente.