La convocatoria del gobierno a un diálogo sobre seguridad social, mediante la creación de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, parecía un paso en la dirección correcta: abrir un ámbito de debate sobre una de las cuestiones más sensibles y estructurales para el futuro del país. Sin embargo, lejos de generar un espacio de construcción plural y consenso político, la propuesta nace herida por su propio diseño. La ausencia del Partido Nacional, el Partido Colorado  y el Partido Independiente –actores de la vida democrática del país– no es un detalle menor, sino un síntoma preocupante de cómo se están manejando los instrumentos del diálogo institucional.

Tanto blancos como colorados han rechazado su participación en la Comisión por considerar que el diseño de la misma implica una subrepresentación inaceptable. De los 22 asientos previstos, solo ocho están reservados para los partidos políticos, mientras el resto se reparte entre el Poder Ejecutivo, organizaciones sociales y otros actores institucionales. El problema no es la inclusión de la sociedad civil –legítima y necesaria en un sistema democrático maduro– sino el intento de equiparar su rol con el de los partidos, los únicos actores con mandato directo de la ciudadanía.

En una democracia representativa, los partidos no son meros “interesados” que puedan ser convocados o descartados según conveniencia. Son pilares fundamentales del sistema republicano: redactan leyes, gobiernan, fiscalizan, proponen. Si se los ubica en pie de igualdad con instituciones que no fueron elegidas en las urnas, se degrada la naturaleza misma del sistema de representación y se transforma el diálogo político en una asamblea informal, con escasa legitimidad.

Más aún cuando el tema en cuestión no es menor ni técnico. La seguridad social atraviesa todos los estratos de la vida nacional: jubilaciones, pensiones, cuidados, infancia, vejez, discapacidad. Cualquier modificación al sistema afecta directamente a todos los uruguayos y requiere, por lo tanto, un respaldo político sólido y transversal. No se puede improvisar ni construir desde la exclusión o el desequilibrio. Si se pretende impulsar una reforma duradera, con vocación de política de Estado, debe nacer del consenso y no de la imposición sectorial.

Resulta llamativa la escasa voluntad del oficialismo para corregir el rumbo. Hasta ahora, las explicaciones han sido vagas, carentes de argumentos sólidos que justifiquen la distribución de espacios. Si el verdadero propósito es generar una reforma legítima y sostenible, ¿por qué marginar a fuerzas políticas que han gobernado el país y que representan a una parte sustantiva del electorado? ¿Cómo esperar acuerdos duraderos si se arranca ignorando las reglas básicas del juego democrático?

No se trata de negar la participación de las organizaciones sociales, sino de reconocer que su inclusión no puede darse a costa de debilitar a los partidos. El pluralismo se construye sumando voces, no diluyendo las instituciones. Y si se pretende promover una reforma que perdure más allá del ciclo electoral, es imprescindible convocar a todos, y especialmente a quienes tienen la responsabilidad constitucional de legislar y gobernar.

Este episodio pone en evidencia una tentación recurrente en ciertos sectores del poder: avanzar en reformas estructurales sin los consensos requeridos. Pero en democracia, los atajos institucionales suelen tener consecuencias graves. La seguridad social no puede transformarse a espaldas del sistema político. Mucho menos con un formato que margina a quienes tienen, por trayectoria y legitimidad, el deber de participar en su construcción.

La pelota está ahora en el campo del gobierno. Tiene la oportunidad –y la obligación– de corregir la exclusión y propiciar un verdadero espacio de acuerdo nacional. Persistir en el diseño actual no solo debilita el diálogo, sino que compromete el resultado mismo de una reforma que el país necesita, pero que solo será legítima si nace de un consenso real.