La historia de las naciones no se escribe con hechos aislados, sino con una compleja cadena de causas, omisiones y desatinos que, en el peor de los casos, terminan por sepultar la convivencia civilizada. El año 1973 representa la herida más profunda en la memoria republicana de Uruguay, el momento trágico en que las instituciones democráticas capitularon ante la fuerza. Sin embargo, para comprender la magnitud de la tragedia del 27 de junio, es imperativo analizar el proceso de descomposición política, ideológica y social que dejó al país acorralado y endeble ante el avance autoritario.

El germen de la violencia se instaló mucho antes de que los tanques salieran a las calles. En 1961, durante su histórica visita a la Universidad de la República, Ernesto "Che" Guevara advirtió proféticamente que la fuerza debía ser el último recurso y que, al iniciar la violencia, se sabe dónde suena el primer disparo, pero jamás cuándo será el último. El guerrillero cubano culminó con una frase que resonaría con el peso de la advertencia ignorada: "Ustedes tienen algo que hay que cuidar". Esa advertencia de preservar la institucionalidad democrática fue desoída por sectores que decidieron transitar senderos ajenos a la ley.

LOS TUPAMAROS

Para 1963, figuras como Raúl Sendic y Eleuterio Fernández Huidobro dieron inicio a la lucha armada con el asalto al club Tiro Suizo, fundando el movimiento tupamaro. Durante casi una década, estas facciones atentaron sistemáticamente contra las instituciones republicanas, despreciando las libertades civiles e intentando derrocar a gobiernos legítimos elegidos por el voto popular. Mediante robos, secuestros y asesinatos, sembraron un clima de terror que puso a la democracia contra la espada y la pared, forzando al Parlamento a decretar el estado de guerra y convocar a las Fuerzas Armadas para combatir la subversión.

El aparato armado tupamaro fue desarticulado militarmente en pocas semanas, pero el daño colateral a la cultura democrática ya estaba hecho. Como bien señaló el expresidente Jorge Batlle, si no hubiera existido una guerrilla armada, no habría existido un golpe de Estado militar. Los mandos castrenses cometieron un error gravísimo e imperdonable: tras derrotar a la subversión, se embriagaron de poder y creyeron que les correspondía gobernar. En sintonía, el expresidente Julio María Sanguinetti identificó dos responsabilidades históricas inexcusables: la de quienes introdujeron la violencia política para sustituir la democracia por un régimen totalitario a la cubana, y la de los militares que traicionaron su juramento constitucional tras cumplir la misión encomendada.

La agonía institucional tuvo su punto de inflexión el 9 de febrero de 1973, cuando la soldadesca desconoció de forma abierta las órdenes presidenciales. En aquel "febrero amargo", el batllismo asumió la defensa solitaria de las instituciones, mientras el vicealmirante Juan José Zorrilla se convertía en el último bastión republicano al sitiar la Ciudad Vieja en cumplimiento de su deber. En contraste, amplios sectores de la izquierda uruguaya y la prensa afín aplaudieron la sublevación militar, bajo la falsa premisa de que la contradicción fundamental no era entre Constitución o dictadura, sino entre pueblo y oligarquía. Diarios de la época celebraron los comunicados castrenses y promovieron una nefasta alianza civil-militar, creyendo erróneamente que los uniformados portaban una agenda de emancipación social.

Cuando el 27 de junio se disolvieron finalmente las Cámaras legislativas, el espacio para los arrepentimientos se había agotado. El golpe de Estado no fue un evento súbito, sino el desenlace de una larga ceguera colectiva. La lección perdurable de 1973 es que la democracia es un edificio frágil que requiere el compromiso absoluto de todos los actores sociales. Romper las reglas de juego y justificar la violencia, provenga de donde provenga, siempre pavimenta el camino hacia la tiranía.