Uruguay atraviesa un proceso de erosión estructural que trasciende las estadísticas para instalarse en el sector más sensible de nuestra sociedad: el trabajo y la producción. Tal como lo señalamos en la columna publicada el día 31/03, estamos siendo testigos de un deterioro económico profundo, manifestado en el cierre en cadena de unidades productivas fundamentales. Los casos del frigorífico Casa Blanca, la histórica Norteña y Somicar no son episodios aislados; son los síntomas de una patología de desindustrialización y pérdida de competitividad que está asfixiando al interior del país.

Este escenario genera un impacto devastador en la formación bruta de capital fijo. La inversión extranjera directa, que requiere de previsibilidad y seguridad jurídica para anclar sus capitales, observa con lógico recelo un país donde las reglas de juego se han vuelto difusas y la inestabilidad es la norma. Cuando el flujo de capitales se retrae por falta de confianza, el primer y último damnificado es el ciudadano de a pie. La pérdida de fuentes de trabajo deja a miles de familias uruguayas en situaciones de extrema vulnerabilidad, despojadas de su seguridad laboral y de un horizonte de progreso.

En medio de esta tormenta, el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, ofrece una preocupante exhibición de ineficiencia operativa y carencia de rumbo. La reciente crisis en torno a la empresa Oracle es la prueba de fuego que este Ejecutivo reprobó con total desparpajo. Ante la incertidumbre de los trabajadores y el inminente cese de operaciones, la respuesta oficial fue el desconcierto. El Ministro de Trabajo, Castillo, en una confesión que oscila entre la negligencia y la incapacidad, declaró que "no sabía nada". Afirmó que el Gobierno no estaba al tanto y que la situación los tomó "por sorpresa".

Esta frase es el epitafio de la gestión profesional del Estado. Que un Ministerio de Trabajo ignore la situación de una empresa tecnológica de magnitud global operando en suelo nacional es una omisión imperdonable de sus funciones de monitoreo y mediación. Lo que enfrentamos es un gobierno improvisado que, para colmo de males, ni siquiera posee la destreza técnica para improvisar con éxito. Frente al éxodo empresarial, el Ejecutivo parece paralizado, carente de un plan de contingencia o de políticas de estímulo fiscal que detengan la hemorragia de inversiones.

Lejos de aliviar la presión sobre los sectores dinámicos de la economía, la única receta que el oficialismo aplica para financiar su ineficacia es el aumento de la carga económica. Mientras las empresas cierran, el Gobierno castiga a productores, comerciantes y ciudadanos con subas en los combustibles y servicios básicos. Es una transferencia de recursos forzosa desde el bolsillo de quien trabaja hacia un aparato estatal que no devuelve soluciones, sino excusas. El discurso del "no sabíamos" se ha convertido en el escudo de una administración que se niega a asumir su responsabilidad en la conducción macroeconómica del Uruguay.

Sin embargo, detrás de esta aparente torpeza técnica, se vislumbra una coherencia ideológica inquietante. Estamos frente a un Gobierno que carece de ideas para crear riqueza, pero que domina a la perfección el libreto de las ideologías colectivistas. Pareciera existir una intención deliberada de desestabilizar los pilares económicos del país para profundizar la dependencia del ciudadano hacia el Estado. Es un guion conocido: el debilitamiento de la iniciativa privada como paso previo a la hegemonía política. Lo que intentaron desde la clandestinidad en décadas pasadas, hoy pretenden ejecutarlo desde la legitimidad del poder, erosionando la estructura social, cultural y educativa de la nación.